Luego de que el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, anunciara la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en la provincia de Córdoba y en San Francisco específicamente, informaron que el acceso al derecho está garantizado.

Si bien en la ciudad son mayoría los profesionales objetores de conciencia, es decir que se niegan a practicar abortos legales, las instituciones tienen la responsabilidad de generar los mecanismos para que ese derecho se garantice.

“Puntualmente en Córdoba tenemos aprobado el Protocolo de atención para pacientes que solicitan abortos no punibles que había estado bloqueado un tiempo en el Tribunal Superior de Justicia. Los usuarios pueden acceder a la interrupción legal del embarazo como lo marca la ley y el Estado o el prestador que corresponda-clínicas o el Hospital- tienen la responsabilidad y la obligación de cumplir con ese derecho”, manifestó Saúl Kohan Boc, a cargo del servicio de Ginecología del Hospital Iturraspe.

Objetores de consciencia

Los centros de salud de todo el país están obligados a garantizar los abortos considerados no punibles por la ley vigente, pero los médicos tienen el derecho constitucional a declarar su "objeción de conciencia". Es decir, su negación a realizar el tratamiento por distintos motivos: religiosos o personales, pero también influye el miedo a posibles conflictos judiciales, cuestionamientos éticos, o represalias de parte de las parejas o padres de las mujeres que abortan.

El problema aparece cuando la mayor parte de los profesionales de un hospital o una clínica son objetores y las interrupciones de los embarazos se dificultan, atrasan o directamente no se llevan a cabo.

Pese a los objetores de conciencia, en San Francisco garantizan la interrupción legal del embarazo

En este sentido, Kohan Boc manifestó que en el servicio a su cargo el derecho está garantizado. “La objeción de conciencia es individual no institucional. El profesional médico que se declare objetor tiene que informarlo a su autoridad más cercana que luego lo informa al Ministerio de Salud. Pero lo que no puede hacer ese médico es obstruir el acceso al derecho, puede ser objetor pero no obstructor”.  

De esta manera ese profesional de la salud debe brindar la información correcta con criterio de transparencia activa y “facilitar el camino para quien consulte que pueda cumplir con su derecho, en todo caso derivar a la persona a quien corresponda. Por otro lado es responsabilidad de la institución generar los mecanismos para que ese derecho se garantice”, insistió.

Si bien, según información a la que pudo acceder El Periódico, es alto el porcentaje de médicos objetores de conciencia en San Francisco, el derecho a acceder a la ILE está garantizada en la esfera pública. “Estamos en condiciones de garantizar el derecho”, dijo Kohan.

El nuevo protocolo

“La actualización del protocolo de la ILE-prosiguió el profesional médico- lo que hace es adaptar el los cambios que hubo en el Código Civil del año 2015 y que se refieren puntualmente a la edad y a la capacidad progresiva que tienen las personas en la medida de decidir sobre su propio cuerpo”.

Los causales para acceder a la ILE son dos: salud (entendida de manera amplia e integral, como indica la OMS) y violación. En el segundo caso, el Protocolo advierte que lo que marca la definición del delito es la falta de consentimiento, no la cercanía o no con el victimario, que puede ser “alguien del entorno íntimo de la mujer (incluido el novio, pareja o ex pareja)”, alguien a quien apenas conoce o extraños. Si hay violencia, coacción o intimidación, situaciones de poder en las que la persona gestante queda en subordinación, es violación. Además, “toda relación sexual con una niña (menor de 13 años) es una violación”. En estos supuestos, el Protocolo reafirma que “nunca es exigible la denuncia policial o judicial para acceder a una ILE, basta con una declaración jurada de que el embarazo es producto de una violación. En el caso de las niñas (menores de 13 años) la declaración jurada no es necesaria”.

Gesto

Por último Kohan Boc resaltó que la primera medida del flamante Ministro de Salud de la Nación haya sido la actualización de la ILE. “Lo de Ginés (González García) fue un gesto fuertemente simbólico que habla que la salud es un derecho, y el hecho de que una de sus primeras medidas sea la ILE marcan que se van a defender los derechos consagrados por la lEy y que se van a defender más derechos. Son derechos que se habían intentado tapar”, remarcó.

Por último dijo: “El protocolo nacional es más completo en cuanto a la cuestión de tratamiento, tipo de dosis, fármacos y de qué manera, si bien la provincia cuenta con sus herramientas, nos sirve de consulta a los profesionales”.