“Che Gallego (por De la Sota)

no seas tan cobarde

que nuestros jubilados

no son los responsables”.

Pihen sostuvo “levantamos nuestra consigna del rechazo a la Ley 10.078 que hoy demora seis meses el pago de los aumentos que les corresponden a los jubilados que deberían haber cobrado este mes y lo harán en febrero del año que viene. También rechazamos la receta nacional que dice que para pagar su deuda la Provincia tiene que armonizar, que quiere decir terminar con el 82 por ciento móvil, poner tope a las jubilaciones, y nos oponemos con la misma claridad”, dijo el gremialista y también legislador de Unión por Córdoba.

Luego reclamó fuentes de financiamiento para que el costo de este ajuste no caiga sobre los jubilados. “Lo más grave de la ley es una facultad que le dan al gobierno para mover los aportes jubilatorios, si esta facultad se llegara a concretar desaparece el 82 por ciento. Con la movilización logramos un acuerdo donde la Provincia no hará uso de esta facultad salvo que haya una emergencia económica provincial con ley de emergencia”, aclaró.

“Si nos tocan los salarios que quilombo se va armar”.

Por su parte, Daniel Crivello, delegado del gremio de los judiciales en San Francisco, sostuvo que “estamos en el medio de una discusión Nación-Provincia. No somos responsables de lo que pasa. Previo a las elecciones alguien nos dijo que Córdoba se diferenciaba por tres cosas al menos: la tonada, la peperina y el 82 por ciento móvil. Única provincia que gozaba de esto y nos mandaron una carta diciendo que eso iba a ser defendido hasta las últimas consecuencias. Ellos lo prometieron, nosotros sabemos que está el dinero. Ahí está uno de los problemas, la Caja se encuentra intervenida hace más de once años, tenemos que pelear por su normalización porque ahí está nuestra plata”, afirmó.

El reclamo

Los gremios reclaman que se derogue la ley provincial 10.078 aprobada por la Unicameral el 8 de agosto que difiere en 180 días los aumentos que los jubilados deberían percibir en forma simultánea con los activos.

En la oportunidad, el gobernador José Manuel de la Sota argumentó para impulsar la ley el incumplimiento del pago de convenios por 1.040 millones de pesos por parte de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), con la finalidad de disminuir el elevado déficit del sistema previsional cordobés.