El delasotismo logró anoche, con el apoyo en general de la UCR, la aprobación de la polémica ley que obliga a los conductores de motos y de ciclomotores a pegar en sus cascos reglamentarios un sticker con el dominio del rodado y a usar anteojos en caso de no contar con parabrisas.

A pesar de que la aplicación de la ley será progresiva, con una campaña de difusión incluida, tarde o temprano los que utilicen motos deberán pagar un monto de dinero todavía no establecido para estar en regla. Se calcula que hay unos 700 mil rodados en la provincia. El oficialismo habla de que cada calcomanía costará poco más de cinco pesos.

Quienes no lo hagan, podrán recibir fuertes multas, el secuestro de la moto y hasta días de arresto. El nuevo artículo 96 bis del Código de Faltas establece hasta 80 unidades de multa o arresto de hasta 20 días a quien no lleve la documentación, la placa del dominio bien colocada y “el casco normalizado con las inscripciones visibles de la identificación del dominio del mismo rodado”. Autoriza a la Policía a secuestrar la moto, que se devolverá cuando se cumplan los requisitos.

Argumentos
El delasotista Luis Sánchez fundamentó la necesidad de esta ley en el reclamo por seguridad. “Es una herramienta más que le damos a la Policía para combatir el delito”.

Los bloques del Frente Cívico, Frente de Izquierda y los Trabajadores, y Encuentro Vecinal compartieron argumentos: que resultará ineficaz para combatir los arrebatos, que persigue fines recaudatorios y que no contó con debate previo.

En cambio, el bloque radical aprobó la ley “en general” porque recibió el guiño del oficialismo de incorporar la posibilidad de que los municipios, entre ellos el de la ciudad de Córdoba que gobierna el radical Ramón Mestre, puedan suscribir convenios con la Provincia para que la Policía pueda realizar controles a motociclistas. A pesar del argumento, la UCR dijo estar absolutamente en contra de los dos artículos más importantes de la iniciativa. De todos modos, para que sea efectiva, los municipios deberán primero firmar ese convenio, a los fines de no vulnerar la autonomía municipal.

La Voz del Interior