El gobierno provincial resolvió ayer adherir a la ley nacional de Protección contra la Violencia Familiar.

El gobernador Juan Schiaretti lo decidió anoche tras hacer propia la recomendación de la comisión de expertos creada hace poco por el Ministerio de Justicia, tal como lo anticipó este diario días atrás.

De este modo, la Provincia también escuchó los reclamos de distintos sectores políticos y organizaciones sociales.

Esta adhesión a la ley nacional le permitiría a Córdoba recibir, a partir de junio, fondos específicos para prevención y lucha contra la violencia 
familiar.

No obstante, el Gobierno provincial se reservó para sí los aspectos procedimentales. Es decir, hizo uso de las facultades que tienen las provincias para generar sus propios mecanismos de prevención y persecución de los delitos de este tipo. Para eso cuenta con juzgados y fiscalías específicas que se ocupan de la violencia familiar.