El pasado fin de semana la ciudad se sacudía con el crimen del joven Mateo Andrés Gallegos, de 20 años, quien fue ejecutado el último domingo con dos balazos en un sector de barrio Parque. Por este lamentable hecho hay un joven detenido, Damián Quiroga, quien se entregó en menos de 24 horas. Y en el esclarecimiento del caso la Justicia pone en foco el centro de estafas telefónicas desbaratado semanas atrás en la cárcel de San Francisco que llevaba un largo tiempo de funcionamiento, buscando una presunta vinculación con el móvil del homicidio.

Y es que, según las primeras averiguaciones policiales y judiciales, Gallegos y su presunto homicida Quiroga se conocían entre ellos y había una disputa por dinero. La hipótesis principal es que ambos eran integrantes de una banda delictiva dedicada a las estafas y que un conflicto entre ellos terminó con este desenlace fatal. Lo que los investigadores judiciales buscan precisar es si esta banda tenía vinculación con la que operaba desde adentro de la cárcel local y si en ese marco alguien ordenó la ejecución para saldar cuentas y enviar un mensaje. Además, si hubo más involucrados en la ejecución.

La presunta conexión no sería sorpresa para funcionarios judiciales y policiales locales, ya que en la cárcel de San Francisco en los últimos años se hicieron allanamientos por estafas desde instancias judiciales de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Salta. Es más, el fiscal de Delitos Complejos, Bernardo Alberione, quien está a cargo del caso Gallegos, ya había advertido más de una vez el alto nivel delictivo de bandas que operaban desde la prisión local. “No se entiende cómo puede haber tanta operatividad dentro de una cárcel, es un tema a resolver y de manera urgente”, señaló tiempo atrás a El Periódico.

Este escenario lleva a plantearse la posible complicidad entre los detenidos y un sector del servicio penitenciario. Y también que quienes comandan tras las rejas necesitan de una estructura fuera de la cárcel: ahí se buscan pruebas que podrían conectar con el crimen de Gallegos.

“Una disputa”

Mesurado como siempre, Alberione no adelantó información sobre el caso pero sí confirmó algunos datos de la investigación: “Entre víctima y victimario se conocían y había alguna diferencia, una disputa entre ellos y habría habido una pelea previa en inmediaciones de un bar de la ciudad”.

No obstante, desde la Fiscalía tampoco descartan otra motivación para el crimen e investigan presuntos antecedentes delictivos que tendría la víctima y que pudieran establecer alguna relación con el hecho. En este sentido, Alberione manifestó: “Los estamos verificando, estaría vinculado a otro hecho de trascendencia, pero está sujeto a verificación por parte de la Fiscalía”.

Un call center en la cárcel

La Policía Federal (PFA) informó esta semana que fue desarticulada una banda criminal dedicada a las estafas telefónicas que operaba desde la cárcel de San Francisco, en allanamientos que habían sido realizados el pasado 24 de junio en la ciudad y la zona. Por este hecho hay más de 30 personas involucradas, entre detenidos e imputados. Se secuestraron armas y dinero, entre otros elementos, en un operativo ordenado por la Justicia Federal de Lomas de Zamora.

Desde la fuerza precisaron que las investigaciones comenzaron en mayo del 2020, cuando por medio de llamados telefónicos diferentes reclusos se hacían pasar como integrantes de una empresa de cobro mediante Posnet o Lapos, solicitando en forma diaria la devolución de crédito por las ventas producidas a diferentes estaciones de servicio de la firma YPF.

La investigación de la Justicia Federal detectó que utilizaban tarjetas del Plan Alimentar que pertenecían a dos mujeres oriundas de la ciudad de Córdoba y que los llamados provenían desde el interior de la cárcel de San Francisco.

Por otra parte, la PFA añadió que los internos que realizaban las estafas telefónicas desde la cárcel contaban con la colaboración de cómplices afuera, es decir, personas que prestan sus cuentas bancarias (llamados presta nombres o mulas) donde se depositaba lo recaudado a través de las estafas, lo que era distribuido entre familiares o allegados vinculados a la organización.

Según detalló la PFA, se detuvo a 13 mujeres, seis hombres en allanamientos y otros 12 reclusos quedaron involucrados en la causa.

“Es otro flagelo que se suma a la inseguridad”, dijo Mosquera

El ministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, se refirió al preocupante nivel de operatividad delictiva que existe dentro de la cárcel. Aunque admitió que es algo inherente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –a cargo de Julián López-, indicó que conoce que se está trabajando sobre dispositivos tecnológicos para evitar lo que consideró como “otro flagelo que se suma a la inseguridad”.

“La delincuencia se reconvierte muchas veces y muchos establecimientos penitenciarios del país montan clandestinamente esta especie de ‘call center’ para hacer ciber crimen, estafas telefónicas y virtuales; modalidades nuevas y complejas para la sociedad”, declaró.