A inicios de julio en Río Cuarto un adolescente de 16 años mató un hombre a raíz de una discusión en la calle. La víctima era padre de otro joven de la misma edad que había asesinado a un remisero.

Los casos no pasaron desapercibidos por el grado de violencia y la edad de quienes son señalados como los autores. Mientras ambos se encuentran en el Complejo Esperanza, en el Congreso esperan debatir el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, el cual no solo afectaría la edad sino los delitos por los que se los puede privar de la libertad.

No es la primera vez que el tema se debate y como afirmó el juez de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de San Francisco, Andrés Peretti,“es cíclico” y reaparece cuando suceden delitos graves. Sin embargo, advirtió en declaraciones a El Periódico que esta vez el proyecto tiene algunos detalles que hacen distinta la iniciativa.

 “A diferencia de otro tipo de proyectos que se han presentado, este no se presenta ante un hecho grave o gravísimo, sino que realmente parece que quieren avanzar (con los procesos) sin esperar a que pase algo grave. Tiene una especie de soporte mucho más profundo”, indicó.

Contexto

El régimen actual fija la edad mínima de imputabilidad a los 16 años. Los adolescentes entre esa edad y los 18 años que pueden ser condenados y privados de la libertad no lo cumplen bajo las mismas condiciones que un adulto ni en las cárceles tradicionales.

La propuesta enviada al Congreso determina que el mínimo de imputabilidad será de 13 años, otro máximo de tiempo que puede estar el adolescente en un establecimiento y su aplicabilidad sería para todas las conductas delictivas.

Peretti afirmó en este aspecto: “Las personas que estamos trabajando en el Fuero Penal Juvenil creemos que esto se vincula con una idea de política bastante fuerte, esta idea de mano dura, de exigir que haya cada vez más presos, que haya cada vez más penas, endurecimiento de determinadas políticas, se quiere mostrar como una imagen de fortaleza”.

Contracara

El magistrado graficó cuáles son las consecuencias prácticas del sistema que pretende implementarse y también ratificó su postura contraria a ello.

“Quienes estamos en contra de la baja de la edad de punibilidad sabemos que somos como salmones nadando en contra de la corriente. Quieren más mano dura, más presos, más penas, quieren que haya menos posibilidad de reinserción social”, esbozó.

Se trata en cierta forma de “entender a la cárcel como un mecanismo para interceptar a la persona que comete delito”, a riesgo de convertirlo en un “depósito de personas”.

Otras realidades

El proyecto no solo pone en debate qué edad es la aceptable y bajo qué condiciones una persona menor de edad puede ser enjuiciada o encarcelada. De manera colateral lleva a repensar el sistema carcelario, las condiciones de vida y la relación entre el crecimiento de la delincuencia y la situación de pobreza que –sigue creciendo- en el país.

“Las personas que van a la cárcel tienen que tener determinados programas para reinsertarse, porque el día de mañana la pena se agota, y esa persona sale en libertad tiene que tener ciertas herramientas para volver a vivir en sociedad, determinados hábitos sociales porque hasta ese momento tiene hábitos carcelarios”, apuntó el magistrado.

En consecuencia, se va debatir la reestructuración del Régimen Penal Juvenil, pero según el magistrado sin considerar los problemas colaterales que inciden o aparecen en el horizonte, con un solo efecto que parecería no conducir a nada. “Entonces, bajando la edad de punibilidad lo que logramos es nuevamente ensanchar la posibilidad de que determinados niños, en este caso según el proyecto, menores de edad de hasta 13 años, puedan ser privados de la libertad”, aseveró Peretti.

No es lo que parece

Previo a la presentación del proyecto en el Congreso, el Gobierno nacional emitió un comunicado a través del Ministerio de Seguridad. Allí se resaltó que “las estadísticas indican que el delito juvenil existe, crece, y cuesta vidas”. La justificación de esto se adjudicó a “años de zaffaronismo, el desastre educativo y la mentira del Estado presente”.

Sobre este punto Peretti también se explayó y brindó datos que ilustran su afirmación: “Se repite que en Argentina hay puertas giratorias y es cuestión de revisar la información que da el Servicio Penitenciario en la cual la población carcelaria en Argentina crece como un relojito entre un 5 y un 6% anual. Y, por ejemplo, de 2021 a 2022 creció un 10%. Hoy, Argentina tiene más de 120.000 presos ¿Dónde está la puerta giratoria? Es algo contrario justamente a la puerta giratoria”.

Otra creencia es el incremento de delitos cometidos por niños, niñas y adolescentes o que son utilizados como medio por los adultos. El juez sanfrancisqueño citó en base a la misma estadística: “Dentro de ese total de 120.000 presos que tenemos ahora, hoy, 2.500 son menores de edad y de esos casi la mitad tiene menos de 16 años y la mitad de ellos no son punibles”.

Incidencia

Peretti reiteró dos cuestiones: primero su posición contraria a disminuir solo por el hecho de hacerlo a la edad de imputabilidad porque “la incidencia en el índice de delincuencia será mínima”.

Su postura considera que es un retroceso el proyecto planteado, el cual advirtió también entra en contradicción con instrumentos internacionales a los que Argentina adhirió. Pero sobre todo lamentó que significa un grave retroceso para esta población.

“Bajar 3 años de edad mínima de edad de punibilidad es un avance perjudicial para todos estos niños, que no van a tener tener herramientas para prevenir el delito, para evitar caer en prisión, para evitar aprehender hábitos carcelarios”, reflexionó.