Después del brutal asesinato en Buenos Aires de Brian Aguinaco, el chico de 14 años que fue baleado por motochorros en la Nochebuena, el Gobierno de Mauricio Macri anunció que impulsará un debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores que cometan delitos. La intención de la Casa Rosada es llamar en los próximos días a una comisión de expertos para que elabore un anteproyecto de ley de reforma del Régimen Penal Juvenil, para ser enviado al Congreso después de las elecciones legislativas.

Como se podía esperar, la decisión cosechó tanto respaldos como rechazos, y en la semana hubo numerosos pronunciamientos de distintos especialistas, instituciones y sectores relacionados a la temática.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el presidente Macri “está de acuerdo en dar esta discusión” y que se trata de un tema que “han conversado muchas veces”, a la vez que dijo que se busca una reforma "estructural que el país necesita".

Garavano advirtió que una nueva legislación debe tener consenso político y de la Unicef, la agencia de la ONU para la infancia, que ya anticipó que se opone a disminuir la edad de imputabilidad aunque admitió la necesidad de discutir la norma.

Finalmente, el ministro lamentó que sólo figuren en las estadísticas los casos de menores detenidos al entender que "como los jóvenes son inimputables, hoy esa es una medida  ante casos gravísimos; el resto no está en la estadística de casos de delitos cometidos".

“Una aberración”

Consultado por El Periódico, el politólogo local Rolando Aiassa, quien trabaja en la Fundación Infantia y se especializa en políticas hacia la juventud, se mostró en total desacuerdo en bajar la imputabilidad de 16 a 14 años. “Es verdaderamente una aberración, no sólo a la democracia sino también a la juventud. Es necesario pensar qué lugar ocupamos los adultos en la gestión de políticas públicas, necesitamos de manera urgente repensar qué le estamos ofreciendo a los jóvenes”, explicó.

Aiassa consideró que hay que esperar los resultados de políticas de inclusión. “En las escuelas hace 5 años que estamos construyendo los códigos de convivencia que cambian, al igual que la ley 26.071, la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y que es cambiar la mirada de la disciplina por la mirada de la convivencia, de la democracia. Y esto es retroceder años luz”, opinó.

El especialista añadió que “en lugar de criminalizar” la alternativa es “poder pensar políticas para estar sosteniendo a la juventud, que es una etapa altamente crítica”.

“Hay que ofrecer otras cosas, otro lugar en la escuela. Hay que esperar que den resultados las cuestiones de la inclusión, todavía no están los resultados de esas políticas”, señaló.

Finalmente, detalló que en la Fundación Infantia actualmente trabajan con cuarenta madres jóvenes y que recién a fines de año recibieron unos 26 mil pesos. “¿Con eso podemos sostener otro tipo de juventud? Sólo atendemos urgencias, como sucede en las escuelas”, cuestionó.

“No es la solución”

Tampoco la trabajadora social Claudia Lenis, hoy concejal de Mejor San Francisco y de amplia trayectoria trabajando con adolescentes en situación social de riesgo, se posicionó de acuerdo con la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. “No garantiza que las problemáticas no sigan sucediendo. Sí tal vez le va a dar a la sociedad en general mayor tranquilidad desde una cuestión simbólica, pero no significa que eso mejore las condiciones generales, porque después va a suceder un hecho con un nene de 10 años y vamos a tener que seguir planteando el bajar de edad”, resumió.

“Lo que tendría que hacerse primero es replantearse las políticas públicas que existen desde el Estado nacional, provincial y municipal para evaluar qué estamos haciendo o invirtiendo realmente para este sector de la población”, planteó, y agregó: “No creo que sea una solución bajar la edad, sí creo que la solución no va a ser a corto plazo y que se tiene que pensar en una inversión en la parte social, educativa y cultural sobre todo en estos sectores más vulnerables”.

Lenis subrayó que hay que pensar “otras alternativas como trabajos comunicatorios, inserción en los barrios, pero con un trabajo territorial muy fuerte, pensando que en realidad la sociedad civil, el Estado y la parte del sector empresarial hay una corresponsabilidad con respecto a esto”.

Refiriéndose a los delitos que cometen los adolescentes, aseguró que comprende el reclamo de algunos sectores sociales y que intenta ponerse en la piel de “de quien sufre un acontecimiento de estas características”, pero que de su parte “sería poco profesional decirle a la gente que si bajamos la edad vamos a solucionar un problema que evidentemente tiene muchas más aristas”.

OPINIONES

“Hubiera sido bueno que el Presidente empezara el año con el propósito de mejorar la escuela secundaria y no el de meter más chicos presos”. Margarita Stolbizer, diputada nacional por el GEN.

"Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás". María Ángeles Misuraca, Unicef.

“No se puede convertir a los chicos infractores a la ley penal en casi enemigos sociales". Padre "Pepe" Di Paola, Conferencia Episcopal Argentina. 

"No se puede seguir escondiendo el problema del delito juvenil". Germán Garavano, ministro de Justicia.

"Es completamente ilógico que una persona de 17 o 16 sea considerada para la ley penal como menor. Es mayor, sabe perfectamente lo que hace; una persona de 15 y 14 también". Alfredo Drocchi, juez de La Matanza.

CIFRAS

96

De los 1.142 adolescentes detenidos en todo el país a fines de 2014, apenas 96 tenían entre 14 y 15 años.

72.693 presos

Había en 2015 en las cárceles del país, más 4.305 en comisarías.

1.567.925 delitos

Fueron denunciados en todo el país en 2015.