Entre las principales modificaciones al proyecto se contempla el período que solicitaba el Poder Judicial para capacitación del personal (de casi cuatro meses), y se establece que los recursos saldrán del presupuesto provincial y no de la Nación, como estaba previsto originalmente.

La iniciativa, impulsada por el gobierno de José Manuel de la Sota, se enmarca en la adhesión provincial a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, que amplía a la Justicia provincial la competencia para investigar, perseguir y juzgar la venta y distribución de drogas; algo que sólo realiza hasta ahora la Justicia Federal.

Cuando se conoció el proyecto oficial, hace un mes, la vocal del TSJ María Esther Cafure de Batistelli dijo que el anuncio del gobernador les generaba “mucha preocupación porque es un desafío” y no tienen “recursos ni gente capacitada”.

Con estos cambios se allanaría parte de esos obstáculos, ya que en la práctica se comenzaría a funcionar el próximo 1º de diciembre (La Voz del Interior).