“La educación les sirve a los internos para cambiar un poco la trayectoria de la vida, para darles herramientas que ellos no tuvieron o que no supieron aprovechar cuando estaban en libertad”, sostiene Lilia Rojas, directora del Área de Educación del Servicio Penitenciario de San Francisco.

La docente aclara que el hecho de que estudien no significará una disminución en la delincuencia, como algo mágico, pero destacó que la educación “es fundamental porque muchos de los presos no tuvieron hábitos ni límites y está en nosotros poder brindárselos”.

Hace unas semanas el Gobierno nacional anunció que los presos que se capaciten podrán reducir distintos períodos de tratamiento en su proceso condenatorio. Es decir, podrán acortar algunas fases que tienen un tiempo establecido de antemano.

EL PERIÓDICO tuvo acceso al nivel de escolaridad que existe dentro de la cárcel de nuestra ciudad, donde se encuentran alojados 270 internos, entre ellos 151 condenados y 119 procesados. Del total, el 60 por ciento de la población carcelaria se encuentra estudiando, promedio que suele variar de acuerdo a los ingresos y egresos en el penal. 

En el nivel primario, por ejemplo, son 41 los internos matriculados; en el nivel medio 107 y existen ocho personas que cursan estudios universitarios: dos de ellos hacen abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y los demás seis estudian en la institución Blas Pascal (cuatro hacen abogacía, uno martillero público y el otro administración institucional).

Por otra parte, existen 95 matriculados en la educación no formal, quienes prefieren los talleres de lectura, artesanías, teatro y lengua. También hay ocho inscriptos en capacitación laboral.

Según explicó el alcaide mayor, arquitecto Eduardo Ruiz, “el porcentaje mayor de estudiantes son condenados, debido a que los procesados están a la expectativa de que se están yendo y por eso no están tan interesados en estudiar”.

Al respecto, Rojas destacó la existencia de una currícula propia y aclaró que si bien es una escuela, se encuentra dentro de un contexto especial. “Tener currícula propia y un espacio en la Ley de Educación es muy importante”, aseguró.

Sobre la ley que implica una reducción en algunas de las fases condenatorias, Ruiz señaló que todavía no están los primeros beneficiarios, aunque subrayó que “para ellos es todo un acontecimiento y los estimula aún más a estudiar”.

Estímulos

Este año comenzará a aplicarse un sistema de incentivos que reducirá algunas de las diferentes fases condenatorias de las personas privadas de la libertad que estudien y aprueben los diferentes ciclos de la enseñanza.

La jueza de ejecución penal de los tribunales de San Francisco, María Teresa Garay, explicó a EL PERIÓDICO que la ley prevé que en determinadas situaciones, donde el interno demostró eficiencia, responsabilidad o un rendimiento importante en los programas educativos que le ofrecieron, se les reduzcan determinados plazos: “La educación siempre fue considerada uno de los pilares básicos para un adecuado proceso de reinserción social”, sostuvo la funcionaria judicial, y agregó que “esto no supone la reducción de la pena, que seguirá siendo la misma. Hubo modificaciones en relación a determinados ítems que tienen que ver con la progresividad”.

Cabe destacar, que el régimen penitenciario se caracteriza por ser progresivo y los internos deben avanzar a través de períodos y fases para llegar a estadios de menos control o restricciones y de mayor autodisciplina hasta poder acceder a egresos anticipados como pueden ser las salidas transitorias o la libertad condicional.

Garay informó que el estímulo educativo para nuestra provincia no tendría tanta aplicación al no establecer tantos plazos. Sí podría utilizarse en las fases de permanencia como la de confianza o el período de prueba, donde los internos deben permanecer seis meses. “Si por ejemplo en materia de educación una persona mostró un avance importante, entonces ahí se podría reducir el período de evaluación. En vez de hacerlo cada seis meses, si se advierte evolución al interno se lo evalúa antes y así podría pasar a la próxima fase”.

“La ley en general es un avance importante para generar estímulos, que le haga ver al interno que esto le permitirá acceder a estadios más avanzados y reducir niveles de vulnerabilidad; que salga a la calle con niveles educativos lo más avanzado posible en relación a cuando ingresó”, definió la jueza de ejecución penal.