Con el patrocinio de la abogada Carolina Altamira, el fiscal de San Francisco Bernardo Alberione presentó una demanda en el fuero Contencioso Administrativo reclamando a la Provincia el pago de los haberes, al menos de los dos últimos años, por su función al frente de la Lucha contra el Narcotráfico, rol que cumple hace poco más de una década desde que ya era fiscal de Delitos Complejos.

El funcionario judicial empezó con este reclamo a inicios de este 2023, en el mes de febrero cuando reclamó de manera interna ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal (MPF). Ante una negativa, planteó un recurso al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), órgano que ya lo rechazó en dos oportunidades.

Alberione, cabe destacar, ya finalizó su trámite de jubilación pero aún está en ejercicio.

Fundamentación

El fiscal sanfrancisqueño justifica que fue designado por el entonces titular del MPF, Darío Vezzaro, en 2012 y desde esa fecha se desempeñó en ambas funciones, teniendo labores dobles, con presupuesto y todas las asignaciones para el funcionamiento, sin que le reconocieran la diferencia salarial.

Desde la implementación del fuero de drogas, una ley creó el cargo nuevo (que no se cubrió con otra persona) y fijó el presupuesto respectivo para el funcionamiento de la fiscalía.

Sin embargo, la respuesta recibida por el fiscal fue que esa doble asignación salarial no estaba prevista en el presupuesto.

En diálogo con El Periódico, Alberione recordó que estuvo a cargo de una de las siete fiscalías que tiene el departamento San Justo (cuatro en San Francisco y las restantes en Las Varillas, Morteros y Arroyito) y que en su momento, cuando comenzó la “desfederalización” de la ley de lucha contra el narcotráfico había que organizar el trabajo en nuestra ciudad.

“Me ofrecí en ese momento, llegué a un acuerdo con mis compañeros para darle una técnica de trabajo a este delito. Se creó la ley, una partida presupuestaria pero jamás se me asignó el cargo ni la remuneración correspondiente a otra fiscalía, donde tuve una labor muy intensa por el lugar donde estamos ubicados y el evidente avance del narcotráfico desde la provincia de Santa Fe, el cual fue controlado por el despliegue de personal y el trabajo de los funcionarios que me acompañan”, manifestó.

Luego, al hablar de su reclamo, indicó: “Manejo la FPA (Fuerza Policial Antinarcotráfico) y la Policía de Córdoba, fuerzas con jerarquías y formas de actuar diferentes. Además las mecánicas delictivas en cada caso son distintas, las del delito común y las de drogas”.

El funcionario judicial aseguró que esperó un reemplazo durante varios años, que nunca llegó, por lo que entiende que debe ser compensado por su tarea: “El TSJ reconoce la tarea pero argumentan que no está prevista esa asignación aunque la ley está creada. Yo reclamo lo que creo que me corresponde”.

Demanda 

La demanda fue admitida por la Cámara Contencioso Administrativa de 3ª Nominación –donde se respondió con similares argumentos a los que utilizó el TSJ. Ahora, el tribunal abrió el trámite de recepción de la prueba.

De no obtener respuestas, queda llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.