Desde 2016, se registraron 123 concursos preventivos y quiebras en la ciudad

Las empresas de nuestra ciudad, sobre todo las pymes, y también como novedad muchas personas (jurídicas o humanas) vienen siendo víctimas de una economía en recesión, por lo que no pueden mantener sus negocios en marcha o simplemente una vida normal, sin deudas, ante la devaluación, la caída del consumo y las altas tasas de interés.

En este escenario, muchas firmas se ven obligadas a solicitar la apertura de concursos preventivos, una instancia judicial que les permite readecuar su actividad y acordar con sus acreedores, lo que El Periódico pudo confirmar con datos oficiales, constatando que va en aumento en nuestra ciudad y el departamento San Justo.

Según datos del Juzgado Civil de los Tribunales de San Francisco, desde el 2016 a la fecha se iniciaron 123 concursos preventivos y quiebras (pedidas por acreedores y propias).

En lo que va de este 2019 hubo 14 concursos preventivos de acreedores, 6 quiebras pedidas por terceros y 3 solicitadas por la propia firma o persona física, un total de 23 y ya un 60 por ciento de las existentes el año pasado, donde en total hubo 37 de estos procedimientos iniciados: 26 concursos, 7 quiebras solicitadas de terceros y 4 propias.

Estos números presagian una tendencia negativa que implica que este año podría superar al 2018. Habrá que ver si la mínima estabilidad existente hoy respecto al dólar y a la inflación se mantiene con el correr de los meses.

Si nos remitimos a años anteriores, en 2015 se dieron 29 casos entre concursos preventivos y pedidos de quiebras, situación que amainó en 2016 cuando bajó a la mitad. Sin embargo, en 2017 empezó una curva ascendente con 14 concursos, 17 quiebras pedidas por acreedores y 4 propias, llegando a un total de 35 casos que se incrementaron en 2018 a 37 (26, 7 y 4 respectivamente).

Si se compara con una década atrás, en todo 2009 hubo 19 procedimientos entre concursos y quiebras, cuatro menos que en el primer semestre de este año. 

No sólo empresas

Gabriela Castellani, jueza civil de primera nominación de tribunales de nuestra ciudad, señaló a El Periódico que no se trata solo de empresas las que llegan a este tipo de situaciones, sino también se está notando muchas personas físicas, lo que habla del sobreendeudamiento del consumidor.

“Lo que se nota es un sobreendeudamiento de personas particulares, empleado público o persona física que no puede afrontar el pago de una deuda con su sueldo, en función de que tiene una tarjeta y se endeuda creyendo que va poder pagar. Pero al no poder terminan refinanciando, asumiendo más costos en intereses y se hace una bola de nieve en la deuda. Entonces sufre descuentos del sueldo y le queda poco para vivir, por eso se presenta en concurso”, explicó la funcionaria judicial.

Empieza como concurso, pero puede agravarse

Castellani informó que el procedimiento en la Justicia nace como concurso: “El afectado llega porque no puede afrontar el pago de su deuda. Se abre el concurso, se designa un síndico que es un contador y este dentro del procedimiento convoca a todos los acreedores que se presentan a verificar sus créditos, es decir, informan cuánto le deben”.

La jueza agregó que tras este primer paso se analiza la deuda y el concursado debe realizar una propuesta de pago, aunque en algunos casos puede no hacerla ante su capacidad económica o porque el juez no lo termina aceptando. Si esto sucede, se cae irremediablemente en una quiebra indirecta: “Si se transforma en quiebra se le aplican sus reglas que es el desapoderamiento, donde se trata de ver si hay algún activo para vender de manera directa o por subasta”, amplió Castellani.

De esta venta saldrá el dinero para poder pagar, aunque no siempre todos terminan cobrando lo adeudado: “Lo que hace el juez es realizar el activo y con ese dinero tratar de pagar. Lo primero que se paga son los gastos de Justicia, que son honorarios del síndico que intervino en la quiebra y aportes de tasa y caja propios del juicio. Lo que queda se reparte, que a veces no alcanza o no hay. Entonces se trata de prorratear un poco para cada uno de los acreedores. Si no hay activo porque la persona solo tiene un sueldo, la quiebra termina ante esa causa y los acreedores quedan mirando el techo”, graficó la entrevistada, quien reconoció que esto suele criticársele al procedimiento.

Por último, Castellani analizó: “Lo primero que te muestra esta situación es la imposibilidad de afrontar las deudas, pero la gran mayoría de las personas cuando asumen una compra quieren cumplir”.

“Hacía rato no pasaba esta situación”, aseguraron desde un estudio jurídico

Desde un reconocido estudio jurídico confirmaron el incremento en las consultas de empresas en situación de crisis financiera u operativa.

Oscar Colombero, abogado dedicado al derecho empresarial y laboral, con 32 años de profesión, comparó el escenario actual con épocas críticas como la crisis del 2001 y la del “Efecto Tequila” de mediados de la década del noventa.

“Se notan numerosos concursos actualmente, que vienen del segundo semestre de 2018. Empezó con el quiebre en la cadena de pagos de los cheques, acentuándose en 2019 donde toda la cadena de pagos se cortó y llevó a empresas y a muchos particulares, algo no común, de otras épocas, a esta situación”, manifestó.

Entre los sectores que sufren esta situación, el abogado mencionó a las industrias metalmecánicas, comercios y empresas vinculadas al agro.

Al ser consultado sobre qué porcentaje de los concursos terminan en quiebras, Colombero respondió que “son los menos”, dependiendo si en el año existe o no una mejora ya que un concurso procesal dura aproximadamente ese tiempo: “En ese lapso, si hay una mejoría en la economía se llega a acuerdos y se sale del concurso evitando la quiebra”, aseguró.