El último sábado este medio informaba que en San Francisco funcionan dos pequeños talleres en los que se fabrican muebles, que están ubicados en barrio San Martín. En ellos trabajan personas de nacionalidad colombiana, quienes abandonaron su lugar de trabajo tras conocerse la detención de personas de su misma nacionalidad, que se dedican al mismo trabajo, en ciudades como Córdoba, Villa María y otras de las provincias de Mendoza, Misiones, San Juan, Santa Fe, Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán y Buenos Aires. El fiscal federal Enrique Senestrari sostuvo a este medio que los talleres de San Francisco “casi con seguridad” tenían “vinculación con la causa”, aunque evitó confirmarlo aduciendo la confidencialidad de la investigación.

Los talleres detectados en esos lugares –sostiene la denuncia- formarían parte de una red que emplearía en condiciones indignas a colombianos que ingresan como turistas al país, pero que luego permanecen en condiciones migratorias irregulares, trabajando en condiciones clandestinas, sin seguridad ni higiene alguna.

Luis, uno de los colombianos entrevistados, explicó que “hablan seriamente de narcotráfico, que hay traficantes pero nosotros no tenemos relación con lo sucedido. No volvimos a trabajar no porque tengamos vinculación con esta red sino porque somos víctimas de una persecución.

Nos sentimos perseguidos, señalados. Por eso estamos parados, sin trabajar”.

Luego aseguró que esta persecución tiene tinte “político” y que si habría trata de persona o trabajo esclavo en el medio no podrían salir ni a la esquina, mientras que ellos hacen un trabajo de venta ambulante. “Nosotros a cada pueblo que vamos antes de ir a una municipalidad nos presentamos en la Policía para decirles que vamos a estar en el pueblo”, comentó Luis. 

Según estas personas elaboran muebles y luego los venden a través de un sistema donde los compradores pueden pagarlos semanalmente, por quincena o por mes. (Más información en nuestra edición en papel del próximo sábado)