Las voces que más se escuchaban el viernes eran las de los camioneros y de los estudiantes, aunque más tarde miles volvieron a manifestarse pacíficamente en una céntrica plaza de la capital chilena.

Mientras que los primeros se dirigieron hasta el exclusivo barrio de La Dehesa, al oriente de la capital chilena, los segundos protestaban contra las medidas de seguridad anunciadas la víspera por el presidente Sebastián Piñera, que incluyen una ley anti saqueos, una contra quienes levanten barricadas e impulsar otra contra los manifestantes encapuchados, además del reforzamiento de la vigilancia aérea.

Paralelamente, miles escucharon el llamado en redes sociales a “la marcha pacífica más grande de Chile" en la céntrica plaza de Santiago, donde el 25 de octubre se reunieron a protestar más de un 1,2 millones de personas que fueron dispersadas por la policía que usa profusamente gases lacrimógenos y gruesos chorros de agua.

Ginette Pérez, estudiante de 17 años, habló con The Associated Press cuando se dirigía al centro de la ciudad a protestar acompañada de cinco compañeras. “Aún no hemos conseguido nada, así que seguiremos protestando”, expresó.

Nicole Muñoz, estudiante de medicina veterinaria de 28, dijo a la AP mientras caminaba hacia el lugar de la convocatoria que entre sus motivos para protestar está la gran deuda bancaria que contrajo para estudiar. “Yo tengo que salir a pagar mí título... en 20 o 30 años".

Mientras la concentración se desarrollaba con un ánimo festivo acompasado por el movimiento de banderas chilenas, mapuches (etnia originaria de Chile) y negras, a unos 200 metros encapuchados saquearon la parroquia católica La Asunción, y usaron algunos objetos para levantar e incendiar una barricada.

En un extremo de la plaza, policías dispararon sus acostumbradas ráfagas de gases lacrimógenas y lanzaron gruesos chorros de agua en un país que vive la peor sequía de su historia.

La Fiscalía Nacional informó el viernes que abrió 1.089 investigaciones penales por denuncias de “de violencia institucional" por igual número de víctimas en el contexto de “desmanes" ocurridos entre el 18 y el 31 de octubre.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas, según un comunicado difundido por la prensa local, dijo que “la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas”.

La Cruz Roja chilena dijo que de 2.500 personas resultaron heridas desde el estallido social hace 22 días.

Imágenes de televisión han mostrado a decenas de policías golpeando a manifestantes con sus bastones, disparando balines y perdigones. El Colegio Médico informó que más de 180 personas quedaron con graves heridas oculares, decenas de las cuales perdieron la visión de un ojo.

El canal de televisión La Red mostró la víspera a un hombre impedido que trató de obstruir la detención de un joven, hasta que uno de los policías le retiró la silla de ruedas y quedó saltando en una pierna.

La policía registra más de 1.100 heridos, varios graves, informó el general Enrique Bassaletti.

En su tercera jornada consecutiva de protestas, el viernes centenares de vehículos --camioneros, automovilistas, motociclistas-- se tomaron cinco horas para llegar lentamente a exclusiva barriada de La Dehesa, donde viven los más ricos, y se detuvieron algunos minutos para regresar al sector poniente de la ciudad.

Los camioneros exigen una sustancial rebaja en los peajes de carreteras y que se anulen sus multas por no pagar sus deudas a las concesionarias privadas que construyeron las impecables carreteras que tiene Chile.

Los estudiantes también protestaron en varios sectores de Santiago y anunciaron una gran protesta para el lunes en rechazo a medidas de seguridad anunciadas la víspera por Piñera. Miércoles y jueves arrasaron con decenas de comercios de Providencia, un barrio de clase media en el que cometieron innumerables destrozos.

El detonante de las protestas fue una leve alza en el subterráneo, que sufrió saqueos e incendios en más de 80 de sus 136 estaciones a manos de encapuchados. Más tarde, la mayor cantidad de demandas sociales tiene ver con la desigualdad en el país.

Piñera respondió a la crisis con un cambio de gabinete y una agenda social que incluye leves mejoras a las pensiones de los más pobres, que promedian 147 dólares, y de un 16% en el ingreso mínimo, y la anulación de un incremento de 9,2% en la electricidad, además de anuncios de proyectos para rebajar sueldos y asignaciones de diputados y senadores, que oscilan entre los 27 mil y 44 mil dólares mensuales, y un incremento en el impuesto a los que ganan más de 11 mil dólares.

Fuente: La Voz del Interior