El conflicto en Complejo Esperanza, el centro para jóvenes menores de edad en problemas con la ley penal, tiene este fin de semana uno de los puntos más álgidos de los últimos tiempos.

Un grupo de guardias protestó durante toda la jornada frente a uno de los portones de ingreso al predio ubicado en camino a 60 Cuadras, ya en jurisdicción de Bouwer, en la periferia sur de la capital cordobesa.

Adentro, otros guardias desoyeron la orden oficial de modificar el horario de 24 horas trabajadas de corrido por 72 de descanso y realizó un solo turno de 36 horas.

Ahora, tras el último recambio de guardias, no está claro qué horario terminarán por realizar los que ingresaron a las 19 de ayer.

En medio de toda esta disputa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) ordenaron que penitenciarios se quedaran en el perímetro interno del complejo, mientras que afuera se quedó un grupo de la Guardia de Infantería de la Policía.

Ante esto, los guardias denunciaron que se estaba “militarizando” el Complejo Esperanza, lo que está prohibido.

Para el ministro de Justicia, Luis Angulo, estas protestas son consecuencia directa de la decisión oficial de “terminar con los privilegios” de los guardias.

“Nuestro único compromiso es lograr la reinserción social, familiar y laboral de estos chicos”, subrayó e indicó que hace casi cinco meses que junto al secretario de la Senaf, José Piñero, tomaron la decisión de cambiar el horario laboral de los guardias (de 24 por 72 se pasó a 12 por 36), lo que generó un malestar que todavía continúa.

Recordó que meses atrás, en una visita sorpresiva, él mismo advirtió que los jóvenes tenían en sus habitaciones bidones para orinar, ya que los guardias estaban descansando y no los llevaban al baño cuando ellos pedían ir.

Y añadió que la protesta también está motivada en que hace pocos días se lanzó la convocatoria para la incorporación de 30 empleados nuevos, un proceso de selección en el que intervendrán el Poder Judicial y universidades.

En contrapartida, los guardias que protestan aseguraron que el cambio de horario es ilegal, que varios tuvieron que modificar de un día para el otro sus rutinas de vida, y que no se trata del único foco de conflicto.

En ese sentido, apuntaron que no están claros los roles internos, que no son escuchados por las autoridades, que falta capacitación y que no existe una política clara con respecto al tratamiento de los jóvenes allí alojados.

A todo esto, el viernes la defensora de las Niñas, Niños y Adolescentes, Amelia López, visitó el Complejo Esperanza. Dijo que los jóvenes están ajenos al conflicto y que en el interior las actividades eran normales.

Fuente: La Voz del Interior