La economía inflacionaria no da respiro. Desde ahorristas particulares y comerciantes hasta las grandes empresas, todos buscan la manera de evitar que los pesos se licúen en sus cajas de ahorro y cuentas corrientes. Lo mismo hacen los municipios de Córdoba, por estos meses casi exclusivamente concentrados en tratar de juntar los billetes necesarios para pagar los sueldos y, lo que se viene, el medio aguinaldo.

En este escenario, las altas tasas de interés que ofrecen los bancos son la opción más tentadora para los intendentes y jefes comunales que pretenden resguardar lo recaudado en los meses de mayores ingresos (propios y coparticipados) y lo obtenido por los distintos fondos que complementan sus presupuestos.

No es nuevo. En los municipios medianos y grandes siempre se apeló a colocaciones a plazo fijo, pero desde que la tasa de referencia del Banco Central se disparó, se ha vuelto una maniobra financiera vital para sostener los números en un razonable equilibrio.

“En algunos casos, los municipios estamos utilizando las colocaciones a plazo fijo porque nos permite ir sumando algunos pesos, para ir teniendo”, reconoció Daniel Salibi, el intendente radical que gobierna en Mendiolaza. Para el también miembro de la Mesa Provincia-Municipios, “porque si no, no hay forma” de sostener el valor real de los tributos que se van recaudando. 

Oscar Tamis, de Oliva, es otro integrante del nutrido grupo de intendentes que apela a este tipo de colocaciones en el sistema financiero. Para el presidente del Comupro, el ente que agrupa a los municipios gobernados por el PRO, apelar a los plazos fijos es “algo totalmente lógico”. “Por ejemplo, a principios de año, algunos contribuyentes usan la opción de pago contado. Nosotros vamos al plazo fijo porque nos da la posibilidad de resguardar esos ingresos extra, y dosificarlos”, amplió.

Con el nivel inflacionario actual (38,36 por ciento en lo que va del año –hasta octubre, según el IPC Córdoba–), no apelar a estas herramientas financieras es casi una manifestación de impericia de cualquier equipo económico municipal.

Eduardo Arduh es intendente de La Falda y utiliza las bondades de las colocaciones a plazo fijo con frecuencia. “Este año en particular hemos tenido bastantes”, reconoció. “En el primer semestre nos fue muy bien en cuanto a recaudación y, analizando lo que podía pasar, hicimos nuestras previsiones de dinero a plazo, más sabiendo que se podía caer la coparticipación”, argumentó.

En La Falda, unos 25 millones de pesos ingresaron entre enero y febrero de este año por el pago de las entradas al Complejo Siete Cascadas. Ese monto es extraordinario y si no se invierte –en un plazo fijo, por ejemplo– se deprecia y pierde valor cuando más se necesita: cerca de fin de año, “cuando llegan meses flojos como octubre y noviembre”, dijo Arduh.

Gran negocio

Los bancos son un imán para los pesos que andan dando vuelta ahora que el dólar planchado no parece ya ser la opción. Y no es para menos, se trata de un negocio perfecto: los bancos toman la plata de los inversores a tasas de entre el 42 y el 49 por ciento y la prestan al Banco Central al 62,5 por ciento a través de las Leliq, letras a las que sólo tienen acceso las entidades crediticias.

Hasta hace 20 días, con la tasa de Leliq arriba del 70 por ciento, los bancos llegaron a pagar hasta el 58 anual por depósitos a plazo fijo.

La semana pasada, las tasas de interés promedio del sistema financiero para plazos fijos a 30 días se ubicó en el 47 por ciento anual. En enero, estaba en 21,97.

Según cifras del BCRA, hasta fines de octubre, los plazos fijos tradicionales en todo el país alcanzaron un stock de 1,38 billones de pesos. Se trata de un incremento de más del 22 por ciento respecto del mes previo y de casi el 90 por ciento en los primeros 10 meses de este año.

Algunas de las intendencias están con las finanzas al límite

“Ha sido un año complicadísimo. El problema es que todos hicimos previsiones guiados por el 15 por ciento de inflación que calculó la Nación en el presupuesto de 2018, pero estamos arriba del 40. Así, muchos terminamos de usar los recursos en junio, cuando pagamos el aguinaldo”. Las palabras de Daniel Salibi, intendente de Mendiolaza, resumen la realidad de un grupo grande de intendencias que advierte un panorama muy complejo en el último bimestre del año. 

Salibi, que reconducirá el presupuesto de 2018 hasta por lo menos marzo de 2019, habla de tres problemas que confluyeron: la baja en la recaudación propia (“Porque la gente prioriza comprar comida antes que pagar los impuestos”, dijo), la caída de la coparticipación (por la menor actividad económica general que golpea al IVA) y la eliminación del Fondo Sojero (decisión del Gobierno nacional a partir de septiembre pasado).

En este sentido, Oscar Tamis, de Oliva, aportó que si bien su municipio no está complicado, en una de las últimas reuniones de la Mesa con la Provincia se acordó que por seis meses los intendentes no estarán obligados a pagar la cuota con la que devuelven el Fondo de Financiamiento Permanente, uno de los instrumentos de inyección de capital en los municipios y que la mayoría usa para obras.

Este préstamo, a tasa cero, se devuelve en 36 cuotas mensuales. Se va “refondeando” con esos pagos y con el descuento del uno por ciento de la coparticipación.

Las complicaciones en las comunas quedaron en evidencia en agosto pasado, cuando la Provincia lanzó el Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social.

El compromiso establece que las transferencias originadas en el Fondo de Desarrollo Urbano, otro de los que reciben las comunas, tuvieran carácter no reintegrable. Además, habilitó la constitución del Fondo de Asistencia Financiera para Municipios y Comunas, que supone hasta 500 millones de pesos anuales destinado a dar créditos a aquellos distritos que justificaran dificultades para llegar a fin de año.

85 pidieron el Fondo de Asistencia Financiera

Según los datos consignados en el Presupuesto 2019 de la Provincia, al 31 de octubre, 85 municipios y comunas ya pidieron el fondo, de los cuales 31 enviaron la documentación exigida que respalda el pedido. Esto representa el 23 por ciento de los 403 gobiernos locales que están en condiciones de pedirlo por haber firmado el acuerdo.

Fuente: La Voz del Interior