Las cárceles argentinas pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal (SPF) alcanzaron durante 2018 un récord histórico de personas alojadas en prisiones federales y una superpoblación de alrededor de 2000 presos. Los datos se desprenden del informe proporcionado por la Procuración Penitenciaria Nacional (PPN) durante la presentación del último informe anual.

Su titular, Francisco Mugnolo, aseguró que durante el año pasado se recibieron un total de 51.989 demandas de la población carcelaria y alertó sobre el crecimiento desmedido de la población en los penales que en mayo de 2019 se llegó a un récord histórico con 14.181 personas privadas de libertad.

La situación, según informan desde la Procuración, desembocó en que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declarara la emergencia en prisiones federales.

A su vez, adelantaron que se aplica un “Procedimiento para la investigación y documentación de casos de tortura y malos tratos” a través del cual la institución constató que hubo más de 500 casos de torturas y/o malos tratos. Las cifras por un lado muestran la estructuralidad de un problema que requiere para su erradicación de una firme voluntad por parte de todos los actores involucrados. “El número se queda corto si tenemos en cuenta que muchas veces por temor a represalias no se denuncia, ni en la justicia ni en nuestra institución, este tipo de prácticas”, destacó.

Muertes bajo custodia

Las muertes bajo custodia fue otro de los ejes analizado. Según los datos aportados por el informe, desde 2009 se registraron 425 muertes en las cárceles de todo el país. De las mismas, 189 fueron caratuladas como “violentas” mientras que las 236 restantes como “no violentas”.

Al respecto, Ramiro Gual, jefe de investigación de Casos de Fallecimientos en prisión de la PPN, detalló que a fines del año pasado se cumplió una década de aplicación del “Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión”. Esta herramienta se puso en marcha con el fin de identificar las responsabilidades estatales con el objetivo de contribuir a la reducción de los factores que producen este tipo de hechos.

Preocupación por colectivos sobrevulnerados en prisión

Por su parte, Mariana Lauro, coordinadora de Trabajo con Colectivos Sobrevulnerados en Prisión, informó que se está desplegando estrategias para paliar la situación de colectivos sobrevulnerados debido al impacto que pueden tener ciertos incumplimientos de derechos o la desatención de necesidades específicas. En esta línea, hizo referencia a las mujeres y población LGBT+, a los jóvenes adultos, a los niños, niñas y adolescentes en centros socio-educativos de régimen cerrado, a los extranjeros en prisión y a las personas con discapacidad física o mental que se encuentran encarceladas.

En ese contexto, indicó que en el último trimestre de 2018 se encontraban alojadas 37 mujeres con sus hijos y ocho embarazadas.

Asimismo, Lauro resaltó los obstáculos en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales de las personas detenidas. Derechos como educación y trabajo a menudo se ven cercenados con el impacto que en las personas ello implica. En esta línea también indicó afecciones en el derecho a la salud de las personas presas, tanto en lo relativo a la atención médica de patologías físicas como en lo referente al cuidado de la salud mental.

Fuente: Agencias