Poco más de 58.700 cordobeses (entre civiles y policías) poseen armas registradas, que integran un arsenal de 100.829 artefactos. Sin registrar, hay un número similar: el 7,2 por ciento de los cordobeses tienen acceso a armas, lo que equivale a unos 237.600 electores en toda la provincia de Córdoba.

La inseguridad es otro de los grandes temas de campaña. Sólo el 39 por ciento de los cordobeses confían en la Policía, menos del 35 por ciento la considera una organización honesta y menos del 30 por ciento opina que el patrullaje es suficiente como acción preventiva. El 12,5 por ciento de los cordobeses se sintieron discriminados por la Policía, el porcentaje más alto del país en este punto.

El 78 por ciento de las familias cordobesas tienen alguna medida de seguridad. Por ejemplo, rejas: las hay en el 62,5 por ciento de los hogares. El 66 por ciento de los autos radicados en Córdoba tienen alarma. Y el 28 por ciento, traba volante. Aunque un 25 por ciento circula sin seguro contra robo.

La inseguridad modificó costumbres: el 51 por ciento de los cordobeses ya no permiten que sus hijos menores salgan solos de sus casas; el 36 por ciento evita salir de noche y el 48 por ciento dejó de caminar por la calle con dinero o con tarjetas de crédito. Pese a estos índices, un 47 por ciento se siente seguro si camina cerca de su casa.

Un 48 por ciento de los cordobeses asegura haber presenciado riñas, y un 41 por ciento haberse cruzado con bandas violentas. Cuatro de cada 10 cordobeses declararon haber visto cómo se vendía droga en la calle. Y un 56 por ciento dice que presenció de manera directa el consumo de droga en la vía pública.

Narcomenudeo

Unos 9.600 sumarios se inician cada año por delitos vinculados al narcomenudeo, aunque sólo son imputadas 1.065 personas. De ese total, sólo la mitad (547 personas) va a juicio. 67 imputados por narcomenudeo vieron agravada su situación por portar armas de fuego. En general, la clientela del sistema judicial que persigue el narcomenudeo es un tenedor simple de droga. Los hechos por tenencia para comercialización representan el 34 por ciento respecto del total de imputados.

En lo que va del año, 32 capitalinos por día fueron a pedir asistencia o tratamiento por sus adicciones al viejo hospital San Roque (Rosario de Santa Fe 374). Sumaron 2.493 personas con problemas de adicción. Cuando asuma el nuevo gobierno, 7.904 personas habrán pedido auxilio por el consumo conflictivo de sus sustancias. En general, quienes buscan ayuda tienen 30 años y una trayectoria de 13 años de adicciones, ciclo que empezaron con el alcohol.

Total son presos

Entre los presos cordobeses, 54 por ciento admitió haber consumido cocaína. Y el 55 por ciento, marihuana. Las políticas carcelarias (cuya incidencia en la seguridad está ampliamente consensuada) tampoco son parte de la agenda de campaña.

Mientras el oficialismo (no importa cuál) quiere disimular la inseguridad, la oposición (no importa cuál) intenta instalar como tema de debate el rol de la Justicia en la persecución del crimen.

En total, 60.760 causas penales se inician por año en Tribunales, de las cuales 2.359 corresponde a juzgados Penal Juvenil, por lo que la incidencia de los adolescentes en los hechos delictivos es de 3,9 por ciento. La participación de menores en casos delictivos graves es aún menor. Las causas penales representan el 17,8 por ciento de los más de 340 mil expedientes que se inician en un año en los tribunales cordobeses.

La violencia puertas adentro de una familia tiene tanta incidencia en el sistema penal como la que ejercen los delincuentes que actúan en la vía pública: en 2018, ingresaron a tribunales provinciales 54.327 causas vinculadas a la “violencia familiar”, 27.886 de esos casos se registraron en la ciudad.

Un estudio con datos de 2016, cuando se registraron 45.385 denuncias por violencia familiar, explicó cómo es la pesadilla que no ve el timbreo, puertas adentro de esas casas: 77 por ciento de las víctimas son mujeres. El 44,5 por ciento de las denuncias fueron consideradas graves. En el 40 por ciento de los casos graves, el ataque o amenaza se produjo mediante arma de fuego, arma blanca o elemento contundente. En el 85 por ciento de los casos, los ataques fueron luego de que la mujer planteó su decisión de separarse.

El último punto de la violencia que sufren las cordobesas por su condición de género es la muerte: en el último registro oficial se contabilizaron 20 víctimas fatales, que dejaron 14 huérfanos. Dos estaban embarazadas y seis eran adolescentes.

La última vez que Córdoba eligió autoridades, en 2015, las mujeres asesinadas por violencia de género habían sido 10.

Mientras las promesas se amontonan y las problemáticas se invisibilizan, el Gran Córdoba sigue amontonando vecinos que huyen de la ciudad, que apenas crece un 3,1 por ciento, 0,5 por ciento menos de lo que creció la provincia entre 2015 y 2019. Colón es el segundo departamento más grande, con un crecimiento de 8,1 por ciento en los últimos cuatro años, desplazando de ese puesto a Río Cuarto, que sólo aumentó su cantidad de electores en 1,9 por ciento.

La inseguridad forma parte de las propuestas

Buena parte de la campaña gira en torno a este tema.

39%. Sólo el 39% de los cordobeses confían en la Policía y apenas un cuarto cree que los patrullajes son suficientes. Algo más de uno de cada 10 cordobeses se sienten intimidados por la fuerza policial.

Tras las rejas. El 62,5% de los hogares de Córdoba tiene rejas y el 66% de los autos, alarma. La mitad de los cordobeses no dejan que sus hijos menores salgan solos de sus casas y el 48% no camina de noche con dinero.

Fuente: La Voz del Interior