Las abogadas Juliana Inés Odetto y Analía Verónica Romera admitieron que cometieron reiteradas estafas procesales en la ciudad de Rafaela y deberán pagar 4.900.000 pesos en concepto de multas, indemnizaciones, donaciones y gastos. Así fue resuelto por la jueza Cristina Fortunato en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos.

La jueza también condenó a Odetto a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y le impuso una inhabilitación especial por 10 años para ejercer la abogacía. Por su parte, Romera fue condenada a un año de prisión en suspenso y a tres años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.

La investigación de los ilícitos estuvo a cargo de la fiscal del MPA, Gabriela Lema. La funcionaria judicial precisó que “se realizaron diversas diligencias que permitieron aportar gran evidencia de lo ocurrido” y agregó que “en ese marco, las condenadas admitieron haber cometido los ilícitos”.

“La importancia de esta condena es que pudimos poner en evidencia las maniobras procesales fraudulentas que realizaban las dos abogadas y que ocasionaban un gran perjuicio a la administración pública y al sistema de Justicia santafesino”, remarcó Lema.

“También son muy significativos los montos que deberán abonar en concepto de donación, de indemnización y para pagar los gastos generados en el marco de la investigación”, subrayó la funcionaria del MPA.

Estafas a la Justicia

Lema detalló que “fue una ardua investigación que se inició a raíz de un denuncia radicada por la Cámara Civil de Rafaela”.

Especificó que “si bien Odetto fue autora de diversos hechos ilícitos y calificaciones penales, coincide con Romera en la condena por estafar procesalmente a jueces de los fueros Civil, Comercial y de Circuito de Rafaela”. En tal sentido, añadió que “hicimos relevamientos de los expedientes que nos fueron remitiendo desde los distintos juzgados en los que las condenadas habían realizado las estafas procesales”.

En cuanto a la modalidad delictiva, la fiscal explicó que “entre 2016 y 2019, las dos abogadas iniciaron juicios ejecutivos en los que denunciaban como domicilio de sus demandados el domicilio de Romera y otros que no correspondían”. En tal sentido, indicó que “las condenadas lograron que, en reiteradas oportunidades, los procesos judiciales continuaran luego de haber sido declarada rebelde la parte demandada, a la que se había notificado en el domicilio de una de las condenadas”.

“De esta manera, los jueces emitieron resoluciones judiciales en las que disponían embargos de sueldos, inhibiciones y/o sentencias ejecutivas de sumas de dinero que perjudicaban a los demandados”, señaló la fiscal. “Es decir, a través del engaño a la administración de Justicia, ocasionaron perjuicios económicos injustificados a las personas demandadas”, sostuvo.

Perjuicio

“Las otras conductas delictivas cometidas por Odetto fueron en perjuicio de personas humanas; de la Administración Provincial de Impuestos; de la Caja de Seguridad Social de Abogados y Procuradores; de la Caja Forense de la Primera Circunscripción Judicial y del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción”, remarcó la fiscal.

Lema también puntualizó que “en todos los casos realizó maniobras con las que adulteró boletas de iniciación de juicios; pagarés; formularios de la API y un presupuesto, siempre en el marco de procesos judiciales que ella misma iniciaba”.

“Las dos condenadas admitieron su culpabilidad y responsabilidad en los hechos ilícitos”, destacó la fiscal Lema. “Además, sus abogados defensores manifestaron su conformidad con los hechos atribuidos, con la calificación legal seleccionada y con la pena impuesta”, agregó la representante del MPA.

Por último, Lema concluyó que “la sentencia también fue notificada a la Federación Argentina de Colegios de Abogados y, especialmente, al Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción de la provincia de Santa Fe