La Argentina “es responsable de una generalizada, persistente y seria violación” de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. “No existe justificación económica, política, jurídica o de otra índole respecto de cualquier acción u omisión de los poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, que deliberadamente exponga a los seres humanos a estas condiciones intolerables”.

Tal es una de las consideraciones finales, antes de hacer recomendaciones a los tres poderes del Estado respecto de la situación, contenidas en un informe preliminar que el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre aquellas violaciones en particular, Nils Melzer, elaboró al término de una visita de 11 días al país.

El informe preliminar, al que tuvo acceso La Voz, aunque más completo y actualizado, se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su próximo período ordinario de sesiones, en marzo de 2019.

“Tengo la impresión de que parte de la arquitectura militar opresiva del pasado aún sobrevive dentro de los sistemas carcelarios y de seguridad, y disimulado en el marco de la política de seguridad pública, corre el riesgo de colocar al país nuevamente en un círculo vicioso, con una sociedad más dividida, marcada por la indiferencia, la arbitrariedad y el abuso”, remarcó el observador.

El informe es de especial interés para Córdoba. Es que buena parte de sus observaciones y conclusiones, preliminares en ambos casos, si bien tienen alcance nacional, se sustentan en lo que Melzer vio en la provincia de Córdoba.

De sus 11 días en el país, entre el 9 y el 20 de este mes, Melzer estuvo dos en Córdoba: el viernes 13 y el sábado 14.

Además de las reuniones que mantuvo, visitó el Complejo Esperanza (para jóvenes menores de edad judicializados); la cárcel de Cruz del Eje y su unidad neuropsiquiátrica; el complejo carcelario de Bouwer y el pabellón 3 para mujeres embarazadas y mujeres con hijos, además de una de las unidades penitenciarias para varones del mismo complejo; el Establecimiento Penitenciario Nº 9 (Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de Córdoba) y una comunidad que enfrenta el desalojo en Juárez Celman.

Melzer agregó que “una numerosa cantidad de personas alojadas en la cárcel de Cruz del Eje informó que habían sido golpeadas duramente mientras se encontraban encadenadas a las camas de metal durante varios días o que habían sido colocadas en posiciones de estrés dentro de celdas de aislamiento por períodos prolongados”.

“De manera similar, en la cárcel de Bouwer, los internos declararon haber sido encadenados o esposados de pies o manos por períodos que oscilaban entre varias horas y tres días”, apuntó.

Y agregó: “En la penitenciaría de Cruz del Eje, en Córdoba, la falta sistemática de acceso a la atención de la salud aparentemente causó varias muertes de personas detenidas en 2017 y en los primeros meses de 2018”.

Los adolescentes, también

Sobre el Complejo Esperanza, Melzer dejó asentado: “Salvo la falta de calefacción y un acceso limitado a los sanitarios por la noche, me pareció que las condiciones de detención eran aceptables (...) Observé un régimen de encierro opresivo conforme al cual se aloja a los internos en espacios cerrados y bajo llave, con un acceso muy limitado a actividades al aire libre. Varios internos indicaron que no tenían la posibilidad de concurrir a la escuela y se quejaron por pasar la mayor parte de su tiempo sin hacer nada”.

“Me alarma en especial el castigo disciplinario que supuestamente se utiliza en Complejo Esperanza, donde varios reclusos informaron haber sido sujetados de pies y manos a sus camas, en una situación de aislamiento total, y a veces durante varios días consecutivos. También recibí denuncias de abuso sexual entre internos, sin intervención adecuada por parte del personal”, criticó.

Sobre el neuropsiquiátrico carcelario de Cruz del Eje, Melzer dijo que si bien las condiciones edilicias eran aceptables, “el personal penitenciario no parece estar suficientemente capacitado para cuidar de pacientes con necesidades específicas y, según los relatos, tiende a recurrir a medios de sujeción física como, por ejemplo, atar a los pacientes a sus camas, o amenazar y golpear a los pacientes con el fin de controlarlos”.

El informe también alerta sobre las condiciones de detención en Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), de Córdoba: “En cada celda hay 10 reclusos que permanecen encerrados durante 16 horas por día, sin instalaciones sanitarias, sin luz artificial, sin actividad de ningún tipo y sin espacio para moverse. No tienen ni mesas ni sillas, y comen en la cama. Orinan y defecan en recipientes plásticos, excepto durante dos períodos de cuatro horas diarias cuando se abren las celdas y pueden acceder al baño y a un pasillo estrecho iluminado con luz de neón”.

“Negamos que se violen los derechos humanos”

A través de un comunicado, el Servicio Penitenciario de Córdoba, que depende del Ministerio de Justicia, desmintió que las cárceles no cuenten con las condiciones necesarias y legales para el tratamiento penitenciario de los internos. “Negamos que se violen los derechos humanos. Su informe es preliminar (el definitivo estará listo en marzo) y no cuenta con información certera sobre las cárceles de esta provincia. Esta provincia no ha tenido oportunidad de responder esas observaciones”, se acotó. En ese sentido, se remarcó que las celdas de aislamiento fueron eliminadas y que se trabaja en distintas ampliaciones.

Fuente: La Voz del Interior