En la jornada de ayer, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, la Fiscalía Regional N° 5, la Policía de Investigaciones (PDI) y referentes de cuatro municipalidades, se llevaron a cabo múltiples allanamientos simultáneos en chacaritas de las ciudades de Rafaela, Sunchales, Frontera y la localidad de Lehmann, en busca de material de origen ilícito en distintas chacaritas.

Fueron siete los allanamientos simultáneos en las cuatro localidades del departamento Castellanos. En Sunchales fueron tres los procedimientos realizados según fuentes de la Fiscalía Regional, en tanto que en Rafaela se hizo en una chatarrería de Av. Ernesto Salva s/n, casi calle Santos Dumont. Por el momento no hubo detenidos.

El monto de lo incautado fue de casi 600 toneladas de materiales en las cuatro inspecciones que hubo en las chatarrerías de Rafaela, Lehmann, Sunchales y Frontera.

Según funcionarios vinculados a los allanamientos, en la vecina localidad se secuestraron importantes cantidades de metales, algunas armas de fuego -que deberán ser peritadas para determinar si están aptas para su uso- y partes de cajones de ataúdes.

Desde el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, anunciaron que se trató de “la mayor cantidad de metales incautados en la actual gestión provincial de Maximiliano Pullaro, quien apenas asumió, puso el foco en controlar depósitos y desarmaderos para prevenir la sustracción de automotores, autopartes y elementos no ferrosos”.

Trabajo coordinado

El secretario de Persecución Penal de la Fiscalía Regional 5 Rafaela, Juan Pablo Oggero manifestó en declaraciones a La Opinión de Rafaela que “esto es un proceso de trabajo que la Secretaría de Gestión del Ministerio de Gobierno lo viene llevando a nivel provincial. La Fiscalía Regional Rafaela ya estaba trabajando sobre las chatarrerías, chacaritas y demás reducidores en coordinación con la Municipalidad. Ahora se buscó llevar adelante un trabajo coordinado entre todos los estamentos del Estado”.

“La idea era -prosiguió- controlar las habilitaciones correspondientes. Hace poco salió una ley que modificó el tema de habilitaciones y de registros que tenían que llevar adelante cada una de las chacaritas a nivel provincial. Entonces en el marco de esa ley es que el Ministerio de Gobierno llevó adelante estos controles y la coordinación es con el Ministerio Público de la Acusación, porque la idea es ver si también hay alguna situación que tenga apariencia delictiva, que tengan elementos que estén vinculados a un hecho ilícito: el tema de cables robados, cobre, las placas de cementerios, armas, autopartes, motopartes”.

“Las chacaritas -continuó-, en muchos casos reciben cosas de todo tipo. De hecho, acá en Rafaela fue una cosa llamativa, pero se encontraron historias clínicas que no se sabe bien de dónde vienen, todas cosas que evidentemente quien las vendió lo hizo por peso de papel. También en Frontera había trozos de ataúdes. Se quiere obturar esos circuitos de comercialización de bienes ilícitos y desalentar: si yo no tengo dónde vender el cable que robé, el cobre que robé y para qué lo voy a robar, esa es la lógica”, indicó.

Sobre lo secuestrado, el secretario de Persecución Penal de la Fiscalía comentó que, “se secuestraron algunas cosas puntuales. Metales en Frontera, algunas armas de fuego que ahora se debe determinar si son aptas o no para el disparo, o si solamente estaban ahí como chatarra. Había partes de cajones de ataúdes -entendemos por el tema del metal que están recubiertos-, partes de cables, baterías, con la consecuente dificultad para individualizar si son propiamente de algún hecho particular o de qué hecho en particular”.

Por último, Oggero sostuvo que, “la idea es continuar con estos procedimientos. Lo más importante viene ahora, sostener estos controles a lo largo del tiempo”.