La iniciativa parlamentaria establece que “los menores de edad que hubieren estado conviviendo con personas fallecidas como consecuencia de un hecho de violencia familiar, en caso de necesitarlo, según informe fundado de asistente social, tendrán derecho al otorgamiento de un apoyo económico dinerario mensual, bajo condición de que cumplan con sus obligaciones educativas y tratamientos psicológicos que fueren necesarios”.

Ante estos casos, Roffé fundamentó: “muchas veces, en los lamentables casos de fallecimientos de personas como consecuencia de violencia familiar, los menores convivientes queden en un estado de indefensión, sin los recursos económicos necesarios. No podemos dejar librado al azar la vida de estos chicos”.

En ese sentido, agregó: “el aporte económico del Estado para su subsistencia, educación y tratamientos psicológicos, permitirá a los mismos desarrollar una vida digna, alejándolos así de conductas violentas como las que desgraciadamente tuvieron que padecer”.

Asimismo, el parlamentario juecista destacó que “la regulación de ayuda económica en caso de fallecimientos por violencia familiar, reconoce como antecedente normativo la ley uruguaya Nº 18.850”.