La mayoría de los juicios laborales en San Francisco tiene una resolución muy lenta y en algunos casos puede llegar hasta los seis años. El dato fue confirmado a El Periódico por abogados vinculados a este rubro, lo que trae serios perjuicios principalmente para aquellas personas que reclaman por sus derechos laborales ante la Justicia.

El tema fue motivo además de un comunicado reciente que realizó el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (Fitu), que consideró que estas demoras muchas veces obliga a los trabajadores a aceptar arreglos por cifras inferiores a las que les corresponden: “La mayoría de los casos, por necesidad, los trabajadores se encuentran obligados a conciliar en cifras considerablemente inferiores a las que están en litigio, incluso hasta se llega al extremo de no ejercer sus derechos en la Justicia al tomar conocimiento de la tardanza de las causas laborales, generándose una especie de industria del no juicio donde acuerdan siempre a la baja”, explicaron.

A esta situación le agregaron la presión por “las malas referencias o las listas negras empresariales para no contratar a quien haya efectuado algún reclamo laboral sin importar la razón”, que pueden ser varias.

Demoras y razones

Guillermo Peretti, abogado laboralista, en diálogo con El Periódico aclaró que existen dos leyes en el país -24.013 y 25.823- para sancionar la clandestinidad laboral. Y apuntó: “Si una patronal tiene a su trabajador en blanco no tiene alternativas de estas leyes, sino que es para el que tiene trabajadores en negro o registrados deficientemente”.

En concordancia con el comunicado, Peretti indicó que un trabajador que va a la Justicia porque no comparte las causas de un despido debe esperar varios años para llegar al juicio para luego obtener una sentencia: “En esto el principal perjudicado es el trabajador”, afirmó.

La demora en el accionar judicial se atribuye a muchas razones: falta de personal, abogados que intentan casaciones y recursos para demorar las audiencias, entre otras.

“Hoy en día iniciar una demanda y esperar una audiencia de conciliación son unos meses, después se tramita la prueba y el expediente pasa a la Cámara Laboral que debe dictar la sentencia. En estos momentos, desde que el expediente ingresa a la Cámara hay cuatro años de espera para que el juicio llegue a una resolución entre el paso de testigos, el juicio oral y el fallo. Pero si le sumamos los dos años promedio que puede demorar la tramitación de la prueba en el Juzgado de Conciliación ya pasan a ser seis”, explicó Peretti.

El letrado recordó un caso que le tocó atender de una empleada del servicio de limpieza a la cual le hacían sus patones contratos sucesivos, pero no la efectivizaban: “En el segundo año de trabajo quedó embarazada y al terminar el contrato no se le renovó ni se le quiso pagar la protección a la maternidad. Fui a la Justicia pero no por el despido, entonces me hacen lugar a la indemnización y no a la maternidad. Apelé en Córdoba y hubo un fallo favorable. Iniciamos la demanda y cuando terminó el juicio el hijo de esta trabajadora ya empezaba el colegio secundario”, señaló.

La protección de la maternidad son un conjunto de medidas preventivas destinadas a proteger a la madre e hijo ante la posible existencia de riesgos laborales durante el embarazo o parto reciente.

Enrique Pistone, también abogado laboralista y profesor adjunto de la cátedra de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la carrera de Abogacía en Uces, también confirmó las demoras que surgen para que exista una sentencia.

“Desde que es elevado hasta que te fijan el juicio estamos teniendo una demora de unos cuatro años y recién se está con causas de 2019”, explicó a El Periódico.

Pistone manifestó que otro elemento extra de demora son las pericias judiciales: “Para su realización efectiva hablás de un tiempo que ronda el año”. Y agregó: “Si hoy presento una demanda, para que llegue el momento de ofrecer prueba ahora fijan una audiencia para mayo del año que viene y en esos meses no pasa nada”.

También reconoció que en un país con una economía en crisis y con picos de inflación, el trabajador que fue a juicio se encuentra en una disyuntiva y muchas veces arreglan de manera anticipada sabiendo de estas demoras.

“Las demoras tienen que ver con las pericias y la Cámara, pero la realidad que el problema está en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porque no existe otra cámara en civil y laboral en San Francisco”, expresó el abogado.

Cuestionamiento

Peretti indicó que muchas veces se habla de “demandas millonarias” que deben pagar empresas o Pymes por los juicios laborales, aunque según su criterio eso no siempre es así: “No todos los casos llegan a demandas millonarias. Tienen que darse particularidades como el trabajo en negro, despido discriminatorio o algo que aumente una demanda”.

Consultado sobre los discursos que hablan de una “industria del juicio” en detrimento de la economía de una empresa, el abogado dijo: “Algunos quieren implantar leyes retrocediendo al siglo pasado, te hablan de las vacaciones, el aguinaldo, que son conquistas sociales. Nosotros queremos ir cómo va el mundo pero vemos que en otros lugares marcha la reducción de la jornada laboral y no se quitan beneficios”.

A la espera de otro Juzgado de Conciliación

Hace unos años se promovió mediante la Ley N° 10.596 la creación de un nuevo Juzgado de Conciliación y Trabajo para San Francisco, donde ya existe uno. Sin embargo, al día de hoy no se habría abierto el concurso para cubrir los cargos.

En esta área se inicia el trámite por parte del trabajador que lleva una causa a Tribunales. Actualmente una audiencia de conciliación tiene una demora de algunos meses. Si hay acuerdo no pasa a ser una demanda laboral, es decir no va a la Cámara.

Asimismo, en abril de 2021 entró en vigencia en el fuero laboral de la justicia de Córdoba el Procedimiento Declarativo Abreviado (PDA), lo que provocó una reducción en la duración promedio del juicio oral en materia laboral.

Peretti explicó que con la nueva ley conciliación se pueden resolver algunas situaciones, pero no “cuestiones controvertidas como despidos con causa donde el trabajador la rechaza”.

Según Pistone, el nuevo sistema genera que se descompriman causas y que solo vayan a juicio aquellas que se relacionan con “extinciones de derecho del trabajo y trabajo en negro”, que implican discusiones más largas.