Dos de cada 10 demandas que se iniciaron durante el año pasado en el fuero de Familia de la provincia de Córdoba estuvieron vinculadas a reclamos por la cuota alimentaria, en procesos distintos a divorcios o en el marco de demandas por paternidad.

Fueron 3.328 causas, casi 13 demandas por cada día hábil del año. De ese total, en 1.846 el reclamo fue únicamente por cuota alimentaria; mientras que en 1.482 agregaron a la exigencia por la asistencia económica el régimen de visita. Estas demandas representaron el 21 por ciento de las 15.583 que se presentaron durante 2017 en todos los juzgados de Familia, según surge de los datos publicados por el Centro de Estudio y Proyectos Judiciales que depende del Tribunal Superior de Justicia.

Aunque se conoce como “cuota alimentaria”, el Código Civil establece que “la obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio”, y es responsabilidad de ambos progenitores, aunque los menores convivan sólo con uno de ellos.

Los cambios en el Código Civil trajeron nuevos conceptos y nuevas herramientas para garantizar el derecho de los niños y adolescentes de recibir una cuota alimentaria que les permita desarrollarse.

“La cuota alimentaria la deben pagar ambos progenitores, no importa con quién viva el hijo –dice el abogado Nicolás Giraudo Esquivo–. Ambos padres deben soportar, en proporción a sus ingresos, las necesidades de los hijos. La cuota se asigna para el progenitor que no convive, porque para quien convive el Código Civil estima un valor a las tareas de cuidado permanente”.

En las separaciones conflictivas o en los juicios de filiación (el año pasado se iniciaron 711 demandas por paternidad en Córdoba), el punto de tensión suele ser el dinero para los hijos, particularmente, cuando el responsable de garantizar el aporte es un trabajador informal o insolvente.

El Colegio de Abogados señala que hay un colapso del fuero, que se profundiza porque dos juzgados están a la espera de que finalicen los concursos que designarán a los nuevos magistrados.

Más juzgados

La abogada de familia y vicepresidenta del Colegio de Abogados, Marta Trimarchi, considera que es necesario crear más juzgados de Familia y nuevas asesorías. “Los tiempos que marca la ley de procedimiento no pueden cumplirse y no es por mala voluntad de los jueces, sino porque están desbordados”, afirma.

El Gobierno provincial prevé crear dos nuevos juzgados de Familia para atender la creciente demanda, que, en la particularidad de Córdoba, no incluyen los casos de violencia familiar, que son analizados por un fuero especializado e integrado por seis juzgados.

Sólo en la ciudad de Córdoba, ingresaron el año pasado 6.087 causas por reclamos derivados de conflictos familiares (no se incluyen los hechos de violencia). De estos, 526 son juicios por alimentos o regímenes de visita.

Y aunque la Justicia fije cuotas alimentarias (o estas hayan sido acordadas en el marco de divorcios), el incumplimiento en el pago es común. “Cuando el progenitor incumplidor es insolvente, hay poco por hacer. El nuevo Código Civil brinda la posibilidades de diferentes sanciones para intentar garantizar el pago, pero muchas veces hay que buscar medidas creativas que le afecten su vida cotidiana”, dice Giraudo Esquivo.

En ese marco, Marta Trimarchi dice que “los alimentantes a veces se olvidan de que los niños siguen teniendo las mismas necesidades que cuando la pareja vivía junta”. “Cuando uno tramita prestación alimentaria, trata de que el niño no sienta una gran diferencia a cuando los padres vivían juntos. Eso incluye obra social y la posibilidad de solucionar la vivienda”, graficó.

Sin embargo, manifiesta que no toda la tarea pendiente está en la Justicia. Afirma que hay deficiencia en la educación relacionada con la crianza de un niño, desde la educación sexual para evitar embarazos no deseados hasta aquella que forme sobre el compromiso que implica asumir la responsabilidad sobre otro ser.

Para Trimarchi, una de las falencias es que las restricciones para los incumplidores de cuota alimentaria no son disuasorias. “Deberían ser más efectivas, de manera tal de concientizar que el incumplimiento tiene consecuencias. Y debería estar fijada en una norma”, opina. Y agrega: “El registro de deudores morosos alimentarios fue una buena medida, pero no tiene consecuencias, salvo que la persona quiera acceder a un puesto en la administración pública”.

La abogada de familia Luciana Ulla cuenta que a su estudio llegan incontables casos conflictivos en torno a las cuotas alimentarias, y apuntó que las situaciones más espinosas son aquellas en las que el demandado no tiene trabajo registrado. “Cuesta muchísimo probar los ingresos sobre los cuales se reclama una cuota alimentaria”, cuestión que obliga a los abogados a pensar diferentes estrategias para demostrar el nivel de vida del demandado.

La abogada de familia Alejandra Santucho explica: “El derecho a los alimentos de un niño es independiente de la situación laboral de sus progenitores, es un derecho superior”. Al respecto, consignó que en algunos casos quien debe proveer la cuota esquiva la responsabilidad, transfiriendo sus bienes y hasta cambiando de domicilio para evitar ser notificado.

Para mejorar

Para Santucho, sería importante lograr una legislación que ayude a garantizar el cumplimiento de la cuota alimentaria, de manera que se aliviane el derrotero que deben atravesar quienes tienen el cuidado de los niños, pero enfrentan incumplimientos en cuanto al pago de los alimentos. “Establecer más prohibiciones, como salir del país o impedir que sean contratadas por el Estado aquellas personas que no cumplen con su obligación de pago”, ejemplificó.

Asimismo, cuestionó que para la Justicia el incumplimiento deba ser consecutivo, por lo que hay progenitores que cumplen un mes cada tanto para que no se les pueda achacar absoluto incumplimiento. “La realidad es que tenemos a una mayoría de mamás con la carga del cuidado de los niños, que deben afrontar estas complicaciones y asumir encima el peso de demandar para reclamar lo que les corresponde a sus hijos”, dijo.

“Todavía hay mucho desconocimiento de la figura de violencia económica, porque muchas veces para castigar a la mamá se deja a la deriva a un hijo, y se somete a todo el núcleo familia a condiciones de vida paupérrimas: estamos frente a delincuentes sociales”, concluyó.

¿Es necesaria una fiscalía de familia?

El Colegio de Abogados analiza impulsar la creación de fiscalías especializadas en derecho de familia, al margen de los casos de violencia doméstica. “Si hay delitos derivados de incumplimientos familiares, deberían existir fiscalías especializadas, para que los casos no queden entrampados en las fiscalías ordinarias, que suelen tener otras prioridades, como por ejemplo resolver las causas con presos”, dice Giraudo Esquivo. 

Fuente: La Voz del Interior