El paso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la provincia de Córdoba, tuvo como epicentro la conformación y diagramación de tareas de un ‘comando unificado’ que busca analizar, semanalmente, “el mapa del delito” para diagramar de manera conjunta las políticas para combatir la inseguridad reinante.

Según los anuncios, estará presidido por la propia funcionaria y el gobernador Juan Schiaretti, con la idea de ir descubriendo “donde se presenten más situaciones de narcotráfico y de delito”, y allí disponer de una cantidad mayor de operativos.

“Habrá gendarmes e integrantes de la Policía Federal en las calles de los puntos más calientes de la provincia. Diagramamos un plan para bajar el robo y el hurto, que es lo que le pasa todos los días a la gente: una entradera o en la puerta del colegio. Buscamos que haya más limitaciones con las motos, en los mercados ilegales y los mercados on line”, graficó Bullrich a Canal 10.

En el mismo encuentro con la prensa, el ministro de Gobierno de Córdoba, Carlos Massei, afirmó haber hablado con “los intendentes de Colonia Caroya y Jesús María”, ante la solicitud de gendarmes para patrullar las calles, y fue tajante: “No es que uno pida y los pueda tener. Donde hubiera un problema ahí vamos a estar, reprimiendo el delito en los lugares calientes. Y si no resulta, tendremos que afinar la puntería”.

Para Bullrich, “donde mayor dinero recaudan” quienes perpetran los consecuentes robos en el país “es con los celulares”. Y agregó: “Por eso estamos lanzando una campaña para convertir al celular en un pisapapeles. Marcando *910 de otro teléfono, se bloquea”.

 Libertad de poderes

Bullrich dio a conocer su particular versión respecto a la reforma del Código Penal que llevan adelante. “Vamos a corregir cosas como interpretaciones de la ley laxas, que mandan a perpetua a una persona y otra queda libre. Hubo jueces con una pésima mirada y tenemos que cambiar eso. Y no es una injerencia, la política criminal la dicta el Ejecutivo y en todo caso, la Justicia toma injerencia cuando intenta dictar la política criminal del país y sólo debe interpretar la ley”, graficó.

Concluyó remarcando que “no es un problema que (un fallo) no me guste a mí (el Poder Ejecutivo)”.

Fuente: cba24n