Ocho personas de San Francisco y Frontera fueron imputadas en los últimos días en la causa donde se investiga la venta al público de carne en mal estado.

La fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni (reemplaza a Luis María Viaut, quien está de licencia en la fiscalía de nuestra ciudad), confirmó a El Periódico que se investiga una presunta asociación ilícita y que ya presentó el dictamen al Juzgado Federal para que en estos días llame a indagatorias. Por este motivo, la funcionaria se excusó por el momento de dar las identidades de los implicados en esta causa que, en mayo de 2019, le sacudió el estómago a los vecinos de ambas ciudades cuando se conoció el secuestro de casi tres toneladas de carne en mal estado por parte de Gendarmería Nacional, las que eran ofrecidas al público en locales comerciales.

Schianni sostuvo que estas ocho personas tuvieron diferentes roles que se fueron estableciendo durante la investigación que contó con pericias y allanamientos, entre otras medidas.

“Por un lado, tenemos el grupo de quienes conseguían los animales en los campos aledaños a estas ciudades, en una cremería abandonada en Colonia San Pedro. Allí obtenían los animales muertos, aunque no apto para consumo humano al estar en descomposición o bien los animales estaban enfermos”, explicó la fiscal.

Según detalló Schianni, una vez realizado este primer paso, los integrantes de esta supuesta asociación ilícita faenaban los animales en esa cremería, los ponían en un tacho con algunos líquidos y los trasladaban a Frontera, a la casa de uno de los jefes de la asociación. Luego de eso se distribuían a carnicerías de San Francisco y Frontera.

Entre los imputados hay cuatro carniceros, mientras que los cuatro restantes llevaban adelante la logística de conseguir el animal y preparar la carne. Asimismo, lo que al momento no se pudo acreditar es si quienes vendían la carne a estas personas estaban al tanto de que luego se iban a utilizar para el consumo humano: “Como en la cremería funcionaba un criadero de chanchos, aparentemente estos tamberos de campos aledaños vendían los animales para alimentar a esos chanchos”, indicó la fiscal, aunque eso sigue siendo materia de investigación.

Sobre la imputación a los comerciantes, Schianni afirmó que “no eran ajenos” a lo que pasaba con esta carne que llegaba a sus mostradores: “Se imputó a quienes, según surge de intervenciones telefónicas, pedían la carne a esta organización”.

El delito investigado es “asociación ilícita en concurso con los delitos contra la salud pública” como adulteración, suministro y distribución de productos alimenticios “de un modo peligroso para la salud”. El Código Penal reprime con la pena de prisión o reclusión de tres a diez años, con un mínimo de cinco años, es decir de cinco a diez años de reclusión o prisión, para “los” jefes u organizadores de esta banda.

Adulteración

Algunos de los resultados de los peritajes en la carne secuestrada, a los que tuvo acceso El Periódico a inicios de esta investigación, indicaban que la carne secuestrada se encontraba manipulada con sulfito, entre otras cosas.

Al respecto, Schianni señaló: “Para que la carne tuviera buen aspecto externo y disimular que estaba en estado de descomposición, en algunos casos utilizaban sulfito. Hemos secuestrado este químico en una de las carnicerías y en uno de los domicilios allanados. También se usaba lavandina”, aclaró. Y agregó: “La hipótesis es que en los puestos de venta no era carne apta para consumo humano, la pericia de bromatología lo determinó así porque podía tener cuestiones tóxicas que compliquen la salud”.