Hace poco más de un año, a mediados de mayo, una noticia sacudía el estómago de los vecinos de San Francisco y Frontera: el secuestro de casi tres toneladas de carne en mal estado por parte de Gendarmería Nacional, las que eran ofrecidas al público en locales comerciales.

Para ser más exactos, se trató del decomiso de 2.771 kilos de carne de origen animal en avanzado estado de descomposición y no apta para consumo, según informaba la fuerza que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación y que se empezaba a ratificar recién en el mes de julio con el resultado de los primeros peritajes.

Pasado ese lapso de tiempo, los investigadores siguen armando el rompecabezas y ahora es el turno de definir el rol de cada uno de los sospechosos -no se precisó cuántos son- por lo que podría haber imputaciones en el corto plazo.

La causa es investigada por el fiscal federal Luis María Viaut, quien en diálogo con El Periódico no descartó la posibilidad de que lo ocurrido encaje dentro de la figura de “asociación ilícita”.

Viaut indicó que están pronto a analizarse los resultados de peritajes realizados por Gendarmería Nacional, que se demoraron en llegar por la pandemia del coronavirus y la cuarentena obligatoria que trajo consigo la covid-19.

“Estamos analizando qué participación tuvo cada uno de los sospechosos de la causa en lo que podría tratarse de una eventual asociación ilícita”, señaló el fiscal, quien agregó que esta conducta se repitió por más de un año.

Según la investigación, se desbarató una organización dedicada a la faena y distribución de animales, los cuales se lavaban y les aplicaban sustancias para adulterar el color y evitar la descomposición de los diferentes cortes que luego eran comercializados en carnicerías.

Como el mismo término indica, la idea de asociación ilícita implica que un grupo de personas establece un vínculo o asociación para cometer un acto al margen de la ley, es decir, algo ilícito. En este caso que se trataría de una organización dedicada a la faena y distribución de animales, los cuales lavaban y les aplicaban supuestamente sustancias para adulterar el color y evitar su descomposición para poder ser comercializados en carnicerías.

Se trata de un delito previsto en el Código Penal, que reprime con la pena de prisión o reclusión de tres a diez años, con un mínimo de cinco años, es decir de cinco a diez años de reclusión o prisión, para “los” jefes u organizadores.

Bajo secreto sumario

El hermetismo respecto a la investigación es grande ya que se encuentra bajo secreto de sumario.

Algunos de los resultados de los peritajes en la carne secuestrada, a los que tuvo acceso tiempo atrás este medio, confirmaron que la carne secuestrada no era apta para consumo y que se encontraba manipulada con sulfito. Pese a ello se encontraba a la venta al público.

Cabe recordar que dos carnicerías de la ciudad de Frontera fueron clausuradas por ofrecer estos productos al público y se allanaron varios domicilios. También se cerró un presunto "centro clandestino de almacenamiento y distribución".

Dentro de las tres toneladas de carne secuestrada se encontraban especies bovinas, porcinas y aviar sin documentación que ampare su procedencia. “La mercadería estaba en malas condiciones de conservación e higiene, características organolépticas alteradas y sin signos de inspección veterinaria”, confirmaba uno de los primeros informes periciales.

Los riesgos en la salud que puede ocasionar comer carne en mal estado: Síndrome Urémico Hemolítico por Escherichia Coli y triquinosis.