“De los 46.000 pesos que recibo, hay un porcentaje que va a un fondo solidario. Hace unos años me tuve que operar de los ojos y la Conferencia Episcopal, con ese fondo, me ayudó. Lo demás, unos 42.000, son para mantener mi casa, para la comida y para mi vehículo. Lo que queda va al sostenimiento de los gastos ordinarios del obispado, que son muchos”. El que habla es monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, que habló con La Voz del Interior y que propone debatir sobre el financiamiento del Estado a la Iglesia Católica.

El religioso explicó en qué consiste la asignación que, como todos los obispos del país, recibe mensualmente de parte del Estado nacional. Lo hizo después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, difundiera ayer en el Congreso de la Nación el dinero que obtienen los religiosos.

Ayer, el jefe de Gabinete dijo que el presupuesto destinado a esa remuneración totaliza, para este año, 130.421.300 pesos.

“Las cifras son conocidas. Lo que me extrañó es que los legisladores, que son los que aprueban el Presupuesto, donde una parte está destinada al sostenimiento de la Iglesia Católica, hayan preguntado eso”, afirma Buenanueva

Según el jefe de Gabinete, un obispo diocesano recibe mensualmente 46.800 pesos; y los obispos auxiliares y los eméritos, 40.950 pesos.

¿Cómo se cobra ese dinero?

El Estado transfiere la partida a la Conferencia Episcopal y desde allí, se hace el depósito al banco que cada obispado haya determinado.

“A veces, cuando se da esta información, se dice que el Estado sostiene a la Iglesia Católica. Pero los que sostenemos a la Iglesia somos los católicos. El Estado hace un aporte, que es del seis y al siete por ciento del total de nuestro presupuesto”, señaló el párroco.

Buenanueva consideró "pequeño" al Obispado local. Y aseguró que en el mismo trabajan un vicario general, el secretario, un administrativo y una persona que se encarga de la limpieza. “Parte de lo que recibo va a eso. El resto se cubre con el aporte de las parroquias y con otras ayudas. Y, además, tenemos un terreno que alquilamos”, dijo.

Según el obispo, el aporte más grande lo hacen los católicos (con colectas, por ejemplo). “Y hay ayuda que nos llega del exterior. Muchos de nuestros templos, o de nuestros vehículos han sido adquiridos gracias a católicos alemanes o americanos”, agregó.

¿Salarios?

“No son salarios. Son asignaciones”, consideró Buenanueva. Es que los obispos están exentos de obligaciones impositivas (no pagan Impuesto a las Ganancias ni tampoco hacen aportes previsionales). “Pago mi jubilación a un sistema de reparto propio, y también la obra social”, explicó.

Según publicó el sitio Chequeado.com, en 2016, lo presupuestado por el Estado sirvió para las remuneraciones de 132 obispos y arzobispos, 568 sacerdotes y 1.120 seminaristas.

“Me parece bien que esto se conozca porque es información pública. Hay una necesidad de revisar tanto el presupuesto de culto como el destino que se le da; y, sobre todo, de concientizar a nuestros fieles de que hay que seguir con el crecimiento de nuestra Iglesia”, enfatizó Buenanueva.

¿Discutir para ampliar la ayuda a otros credos o para dejar de financiar a la Iglesia Católica? “Hay que discutirlo todo. La forma actual es caduca. A veces se dice que esto lo impuso la dictadura. La dictadura le dio la forma que ahora tiene, pero ya venía de antes. Está en el artículo 2 de la Constitución”, subrayó el obispo.

La referencia a la dictadura es por la ley 21.950, del año 1979 y con la firma de Jorge Rafael Videla, que definió que los arzobispos y los obispos gozaran de una “asignación mensual equivalente al 80 por ciento de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional de primera instancia”.

Por último, Buenanueva dijo que en Argentina podría tomarse el modelo de otros países, más secularizados, donde el Estado funciona como ente recaudador. “El ciudadano elige y le dice al Estado a qué credo quiere ayudar, y así se distribuye el dinero”, cerró.