Abusos sexuales detectados en la escuela: qué cambió en la Justicia para lograr el involucramiento docente

La escuela sigue siendo, pese a todo, un lugar donde niños, niñas y jóvenes vulnerados pueden poner su sufrimiento en palabras. Y por ello su responsabilidad es grande si se detectan posibles casos de violencia o abusos ya que tiene la obligación por ley de denunciar. No obstante, no toda la comunidad educativa prefiere involucrarse.

Y desde la Justicia de San Francisco decidieron cambiar las formas de trabajar al momento de dar con un caso dentro de un centro escolar, teniendo en cuenta que el promedio de denuncias de abusos sexuales es preocupante, tanto en el ámbito local como en otras localidades del departamento San Justo, donde niños y niñas son víctimas.

Días atrás trascendieron datos del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, donde se informó que a nivel provincial en 2022 hubo 243 demandas de intervención por casos de abuso sexual: 110 en primaria, 105 en secundaria y 28 en nivel inicial. El 71% estaban vinculadas a situaciones acontecidas en el ámbito intrafamiliar. Las restantes, dentro de las instituciones provocadas por adultos o por otros niños. Es decir que tres de cada 10 ocurrieron en los colegios.

En abril pasado, por citar un ejemplo reciente en San Francisco, en un establecimiento escolar se detectaron dos casos en una semana. Por eso la escuela se convierte en ese lugar de contención que muchos estudiantes no encuentran en la casa o su entorno.

Marco regulatorio

En el país rige la Ley de Educación Nacional 26.206, la cual obliga que todos los jóvenes, niños y niñas estén en las escuelas y sean sujetos de derecho. Dentro de esa norma se encuentra la Ley 26.150, que establece como cometido que todos los educandos tienen derecho a recibir Educación Sexual Integral (ESI), en todos los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada.

Rolando Aiassa, docente y secretario de Derechos Humanos y Género de UEPC San Justo, sostuvo que estos marcos llegaron a las escuelas a través de políticas socioeducativas y se convirtieron en programas. También aclaró: “La ESI vino a obligarnos a los docentes a dar educación sexual integral. Habilita la palabra del docente y de los estudiantes, a que se generen cuestionamientos, reflexiones y se empieza a pensar la sexualidad. Esto abre una ventana y comienza a entrar un aire”.

Este aire, como lo denomina Aiassa, es sin dudas la palabra, el contar que algo malo sucede para luego proceder a denunciarlo. Aquí tiene que ver la Ley 26.061, que también ubica a la escuela como agente primero para detectar vulneraciones de derecho como el abuso o la violencia física.

“Todo esto allanó el terreno para que los estudiantes empiecen a hablar de abusos sexuales, algo que es histórico, pero que muchas veces se calló. Hay niños, que hoy ya de adultos, viven con ese silencio y otros que por suerte empezaron a hablar. Y en ese hablar, al único adulto que encuentran como referente que los puede escuchar es el docente”, destacó Aiassa.

En el caso que un maestro o profesor tome conocimiento de un abuso, además de contener debe iniciar un trámite administrativo para informar a sus superiores y a las áreas encargadas de las infancias, como la Uder y la Senaf.

María de los Ángeles Vergnano, directora del Ipem 96 “Profesor Pascual Bailón Sosa”, subrayó que cuando la escuela queda involucrada ante un caso de violencia o abuso sexual debe participar con el fin de esclarecer y acompañar.

Reconoció que al establecimiento que dirige han llegado situaciones intrafamiliares, aunque destacó que no fueron muchas: “Una vez que los chicos cuentan, que explotan, por así llamarlo, y dicen lo que pasó, se ponen más vulnerables. Hemos tenido casos que hasta que lo contaron no se había percibido la realidad de la situación, había algo de naturalidad sobre todo cuando son más chicos. Cuando dan cuenta que está mal lo que viven necesitan una intervención integral de muchos lados. No solo la escuela, también de tribunales, la familia, la Uder”.

Vergnano valoró luego el rol de la ESI: “Uno de los temas es el cuidado del cuerpo, el respeto por el otro. Gracias a que la ESI entró en vigencia, las escuelas habilitan a los chicos a poder hablar. No siempre es la víctima la que cuenta, a veces es un familiar, entonces los chicos que asisten a la escuela y son educados en ESI ayudan a otro miembro de la familia que no sabía que podía denunciar”.

Temor y búsqueda de protección 

Milagros Carballo, sanfrancisqueña que fue víctima de abuso sexual durante muchos años por parte de su padre –que fue condenado en un juicio luego de que lo denuncie-, desde hace un tiempo conforma un grupo que busca prevenir abusos sexuales con otros profesionales al que denominó “Arque Alma”.

En su actividad brindaron talleres interactivos durante 2022 en los jardines y escuelas de la región, otorgando herramientas a los niños para que sean capaces de detectar el riesgo ante una posible situación de abuso y cómo tienen que actuar en caso de que lo estén padeciendo. Además, llevaron adelante charlas abiertas a docentes y público en general.

Consultada por El Periódico, Carballo indicó que en estas actividades encontró “desconocimiento en cuanto a que el colegio esté facultado para denunciar y que esa denuncia se tomaría como anónima, también”.

Luego, aclaró: “La Justicia cuando recibe la denuncia de parte de la escuela actúa, pero no pone en conocimiento de nadie que fue la escuela o tal persona que informó sobre el suceso. Calculo que conocer bien esto abriría la posibilidad de denunciar más casos. Hay maestros que sí actúan y se involucran a fondo”.

En este aspecto, el fiscal Bernardo Alberione reconoció que debieron subsanar una situación para evitar que un docente o directivo corra algún peligro en el caso de involucrarse: “La escuela es el segundo lugar de conocimiento de estas situaciones. Había un error que se cometía al dar inicio a las actuaciones con la declaración del director del colegio y el docente que sabían de un abuso, entonces los padres derivaban luego todo el enojo a ellos y no había una estructura para protegerlos”.

Alberione agregó que en el último tiempo participó de charlas con la comunidad educativa por medio de la Mesa de Educación Provincia-Municipio, donde llegaron a acuerdos: “Quedamos en que el colegio no hace la denuncia, sino que el docente o el directivo que se entera manifiesta lo sucedido. Entonces no lo llamamos al comienzo de la causa porque no es un testigo directo sino referencial. Lo que hacemos de entrada es inspeccionar el entorno familiar para ver los elementos que indiquen un abuso. Y al docente se lo convoca en la mitad de la causa, entre la prueba donde refiera lo que ocurrió en su actividad. Con esto se buscó la manera de sacar a la escuela del centro de escena para evitar actos de represalias”, señaló.

Habilitar la palabra

Durante la charla con este medio, Aiassa reconoció una realidad: “No todos los docentes habilitan la palabra, pero seguramente en la vida escolar del pibe hay docentes que generan otros vínculos y ponen en escena estos temas. Hay una responsabilidad que no se puede eludir, porque si sabemos de un abuso y eludimos la responsabilidad es un delito”, afirmó. Y destacó: “Los docentes no denunciamos pero somos los primeros referentes para la escucha como los médicos en el sistema de salud y debemos comunicarlo al directivo”.

Por último, el secretario de Derechos Humanos y Género de UEPC San Justo, reveló la complejidad de este tipo de situaciones: “La escuela tiene responsabilidad, hay relatos que son desgarradores. Su rol es generar infancias y adolescencias más libres y más felices”.