El Correo Argentino, perteneciente a la familia del ex presidente Mauricio Macri, propuso este lunes, en la última audiencia dentro del proceso de quiebra de la empresa, saldar su deuda con el Estado Nacional con el pago, en una sola vez, de 1.011 millones de pesos, informaron fuentes judiciales.

Este monto es el que dicen adeudar al fisco, aunque la fiscal general ante la Cámara Nacional en lo Comercial, Gabriela Boquín, ya dictaminó que la deuda es de 6.000 millones de pesos, es decir, cinco veces más de lo que propone cancelar la empresa, cuyo principal accionista es el grupo Socma de la familia Macri.

La propuesta fue acercada en la última audiencia en el proceso de quiebra del Correo Argentino S.A., convocada por la jueza a cargo del expediente, Marta Cirulli, en el Palacio de Tribunales.

El titular de la compañía concursada, Jaime Robirosa, firmó la oferta que también propuso cancelar la deuda con el resto de los acreedores, entre los que se encuentran la AFIP y el Banco Nación entre otros, en 10 años con pagos anuales.

Los $1.011 millones que la empresa acepta como deuda implican una mejora sustancial en el cálculo de la parte deudora, ya que Correo Argentino S.A. venía sosteniendo que sus deudas con el Estado eran de 296 millones.

En el escrito presentado por Robirosa, bajo la tutela legal del abogado Jaime Kleidermacher, se solicitó también que si el Estado rechaza la oferta se retire de las negociaciones para facilitar el acuerdo con el resto de los acreedores.

Deuda histórica

El Grupo Macri gestionó el Correo Argentino entre 1997 y 2003, hasta que el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió la licitación denunciando que la empresa solo había pagado el canon durante el primer año.

En 2011, Correo Argentino S.A. entró en concurso de acreedores y fue proponiendo distintos arreglos que fueron rechazados por insuficientes y "abusivos", según los dictámenes de la fiscal Boquín.

Paralelamente se fueron presentando oferentes a la quiebra para pagar las deudas y quedarse con la firma, que no asistieron a la última audiencia, detalle que para fuentes de la fiscalía implica una firme sospecha de que se montó un "escenario ficticio" para obtener un "auto salvataje".

Si bien la oferta se anticipa insuficiente para la Procuración General de la Nación, que realizó la actualización de la deuda, y también para el Ministerio Público Fiscal, es la jueza Cirulli quien debe evaluar si la acepta o bien decreta la quiebra de la compañía según los plazos legales.

Excluir al Estado

Además, los representantes de Correo solicitaron a la jueza comercial que, en caso de rechazar su oferta final, el Estado Nacional sea excluido de la negociación. 

El Estado Nacional, principal acreedor de Correo, es representado en el expediente por el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, uno de los hombres de confianza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y su última palabra es clave en el futuro de los Macri. Si rechaza la nueva oferta de Correo, el salvataje fracasa y entre el 7 y 8 de abril próximo, la jueza debería decretar la quiebra. 

Los representantes de los Macri sostuvieron en un escrito que el Estado Nacional ha manifestado supuesta “hostilidad manifiesta” contra Correo debido “al vínculo del expresidente Mauricio Macri con la sociedad accionista de Correo Argentino SA”, es decir, Socma. Afirmaron, además, que serían objeto de una “persecución que intenta decretar la quiebra de la empresa a toda costa”.

Investigación de la Justicia

El nuevo escrito que presentó Correo se conecta con la investigación penal que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo sobre la supuesta responsabilidad de los exfuncionarios que firmaron un pre-acuerdo en junio de 2016 y en el que aceptaron una quita del 98,87% de la deuda, según estableció el Ministerio Público Fiscal. La explicación oficial, entonces, fue que eso era lo único que Correo podía pagar: casi $300 millones. El pre-acuerdo nunca se concretó por la oposición de la fiscal general Gabriela Boquin.

Ahora, Correo sostiene que podría pagar tres veces más ese valor. 

Según Correo, si el Estado Nacional no acepta su nueva propuesta “perseguiría un innegable revanchismo político contra un expresidente de la Nación y uno de los actuales líderes de la oposición al gobierno vigente”. 

Correo adelantó en el escrito que, de ser rechazada su postura sobre el Estado Nacional, la empresa acudirá directamente ante la Corte Suprema al considerar que se encuentran en juego garantías constitucionales como el “derecho de propiedad, de ejercer toda industria lícita y de defensa en juicio”.

La anteúltima oferta de Correo había sido presentada a mediados de 2016, durante el gobierno de Macri, pero fue rechazada a finales de 2019 por los funcionarios de Cambiemos a través del entonces Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.  

Con información de Télam / El Diario.ar