Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que llevan adelante la acusación de la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, en la llamada Causa Vialidad, solicitaron este lunes 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por otra parte, al inicio de la audiencia la vicepresidenta le pidió a su abogado que solicite la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio para la audiencia de este martes, según informó a través de Twitter.

Al concluir la novena jornada de alegatos, el fiscal Diego Luciani formalizó el pedido de condena contra Cristina por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, a través del direccionamiento de la obra pública entre los años 2007 y 2015.

Además, el fiscal pidió también 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, quien según la acusación fue favorecido con la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz.

"Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de (Javier) Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas", expresó la vicepresidenta.
"Por ello he instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto", indicó.

La novena audiencia del alegato acusador en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 comenzó pasadas las 8.30 de este lunes en los tribunales de Comodoro Py, con la exposición de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Apoyo del Frente de Todos

Asimismo, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) expresaron este lunes su "solidaridad" hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el "hostigamiento político, judicial y mediático" expresado en el juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz que, consideraron, tiene el único fin de "proscribir" o "condicionar políticamente" a la exmandataria.

"Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina", escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro en su cuenta de la red social Twitter.

Cómo sigue el juicio

Cuando finalice la exposición de los fiscales, el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas (aún no está definido pero el máximo es de 10 días hábiles) para que los abogados de los imputados terminen de pulir sus alegatos.

En esta causa se le imputa a Cristina Fernández de Kirchner la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

También están el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala; los exresponsables del Distrito N°23 "Santa Cruz" de la DNV Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda y los expresidentes de la Administración General de Vialidad de la Provincia de Santa Cruz Héctor René Jesús Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilbeto Pavesi y José Raúl Santibáñez.

A lo largo de su alegato, los fiscales Mola y Luciani sostuvieron que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner direccionaron la obra pública vial de Santa Cruz en favor de Báez y que eso fue producto de una relación de amistad que los unía desde antes de asumir la Presidencia, a la vez que aseguraron que todos los acusados sabían de las maniobras y no sólo no las evitaron ni controlaron sino que cumplieron funciones específicas.

Las defensas, por su parte, reclamarán la absolución de los acusados e insistirán con algo que ya dijeron públicamente: que las obras se hicieron, que las licitaciones fueron reales y no simuladas, como aseguraron los fiscales, y que los acusadores no lograron probar los delitos atribuidos a los imputados sino que se limitaron a repetir el auto de elevación a juicio redactado por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

Algunos de los abogados de los imputados tienen previsto exponer algunos momentos claves del juicio que ya lleva tres años donde los testigos, bajo juramento de decir verdad, rechazaron las supuestas irregularidades, a la vez que plantearán que la ausencia de un peritaje que incluya las 51 obras investigadas llevó a la fiscalía a arribar a conclusiones equivocadas.

Con información de Télam / Ámbito.