El Gobierno nacional informó la decisión de transferir la operación del Ferrocarril Belgrano Cargas al sector privado, marcando el primer caso de privatización en la administración de Javier Milei. Esta medida impacta directamente en la red ferroviaria que facilita el traslado de productos agropecuarios hacia el puerto de Rosario, uno de los principales puntos de exportación del país.

El Belgrano Cargas, que durante 2023 transportó más de 7 millones de toneladas, cuenta con una extensa red de 7.600 kilómetros, de los cuales 1.700 recorren la provincia de Córdoba. En este territorio, 484 kilómetros están en uso regular, 642 tienen un uso eventual y 636 kilómetros se encuentran sin operación.

La noticia fue dada a conocer por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien subrayó que la privatización de esta empresa ya estaba contemplada en la Ley Bases. El portavoz explicó que la compañía fue subsidiada el año pasado por el Tesoro Nacional con 112 millones de dólares debido a sus problemas financieros.

Adorni también destacó que "la distancia promedio que se transporta hoy es de 500 km, la misma que hace 50 años". Además, señaló que el límite de carga que puede movilizarse ha estado congelado desde 2009, lo que ha impedido avances en el sector ferroviario, mientras que la producción agrícola, que representa el 60% de la carga, se quintuplicó en ese período.

El vocero insistió en que la privatización permitirá que el Belgrano Cargas sea más competitivo, eficiente y transparente. Afirmó que bajo la administración estatal, la empresa es altamente deficitaria, con una dotación de más de 4.400 empleados, una estructura que consideró sobredimensionada.

Durante la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, ofreció detalles sobre el proceso de licitación. El esquema de concesión incluirá la transferencia de empleados y promoverá la competencia entre operadores en diversas áreas, como la administración de vías, locomotoras y talleres.

Chaher aclaró que, aunque las vías y tierras seguirán siendo propiedad del Estado, el concesionario deberá permitir el uso de las mismas a cualquier operador que desee transportar mercancías, asegurando un acceso libre y evitando prácticas monopólicas. Con esta estructura, se espera triplicar el volumen de carga transportada, aumentando la frecuencia y cantidad de trenes en funcionamiento.

Esta decisión es parte de un plan más amplio del Gobierno para reducir el déficit ferroviario. A comienzos de octubre, se cerró la empresa estatal Trenes Argentinos Capital Humano, lo que implicó la desvinculación de 1.400 empleados y un recorte estimado de 42.000 millones de pesos.

Entre las otras empresas contempladas en la Ley Bases para ser privatizadas figuran Intercargo SAU, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE) y Corredores Viales S.A.

X de Oficina del Presidente

Con información de La Voz del Interior