El presidente Alberto Fernández señaló este sábado que la expropiación es “el único camino” para resolver la situación de la empresa Vicentin porque “así como está, va rumbo al precipicio”. Además, remarcó que el planteo que hicieron siempre desde la compañía es que el Estado “se haga cargo”.

El caso de la firma agroexportadora viene siendo tema de debate y análisis por estos días en el país, y sobre todo en nuestra ciudad y región ya que por estos lados son muchos los acreedores de Vicentin, cuya mayor deuda es con los bancos.

El Periódico consultó a Carlos Cravero y Ricardo Sapei, dos reconocidos economistas de San Francisco que dejaron su parecer acerca del proceso de intervención por parte del Gobierno nacional y a su vez analizaron cómo puede resultar a futuro esta decisión.

Dos economistas de la ciudad analizan el caso Vicentin, la empresa intervenida por el Gobierno

Cravero: “Impactará sobre los contribuyentes”

Carlos Cravero, doctor en Ciencias Económicas, mostró preocupación respecto a la intervención de Vicentin por parte del Gobierno asegurando que se trató de “un avasallamiento al Poder Judicial” mediante un decreto de necesidad y urgencia: “Se pasó por encima del Poder Judicial que tiene la conducción y está previsto en la Ley de Quiebras que es quien lleva adelante el proceso del concurso preventivo”.

Para Cravero además existe una cuestión ideológica que no debe dejarse de lado: “Preocupa además que exista un tema ideológico, donde hay un avance sobre la propiedad privada”, remarcó.

El economista también vaticinó esta intervención impactará a futuro en los contribuyentes: “Se habla de mantener la fuente de trabajo, desde el Gobierno les dicen a los productores que se queden tranquilos porque van a recibir su pago. Pero acá nuevamente el Estado está quebrado, ¿con qué lo va a pagar?”, se preguntó y luego vaticinó: “Será por emisión o nuevos impuestos. Sin tener dinero vamos a caer en los contribuyentes con impuestos que crearemos para pagar esto o vía emisión que estaremos pagando con el impuesto inflacionario”.

La intervención y eventual expropiación de la agroindustrial Vicentin trajo al primer plano la soberanía alimentaria, un nuevo paradigma basado en el derecho de los pueblos y países a decidir en cuanto a la producción y al consumo de alimentos.

“Preocupa además que exista un tema ideológico, donde hay un avance sobre la propiedad privada”

Según Cravero, esta empresa “se dedica en su mayoría al sector agroexportador pero fabrica en menor medida productos que debe vender en el mercado interno. Por eso me pregunto cuál es la soberanía alimentaria”, declaró y completó: “Hay que tener en cuenta que hace un tiempo bajo el término soberanía energética se expropió YPF, que dijo que no se iba a pagar nada, y se pagaron cinco mil millones de dólares y ahora tenemos una demanda que se está tramitando en los juzgados de Nueva York”.

Al ser consultado sobre si la deuda que mantiene la empresa con el Banco Nación no es una justificación valedera, Cravero dijo: “Justificaciones pueden haber muchas. Pero uno ya vivió lo de tantas empresas y se sabe que el Estado es un mal empresario. Hay muy pocas excepciones en la gestión empresarial cuando las toma el Estado”.

Por último, Cravero concluyó que hubiese sido más conveniente que la compra de Vicentin ante esta situación la hubiese hecho un “privado, pero no el Estado”.

Para Sapei es necesaria la intervención del Estado

El economista Ricardo Sapei, ex concejal de Mejor San Francisco, se preguntó inicialmente cómo una empresa concursada, con riesgo de quiebra en un contexto de un año (2019) con muchas ventas y que a su vez recibió enormes créditos “de manera poco difícil de entender del Banco Nación”, terminó en una situación como la que se encuentra actualmente: “Consecuencia de esta situación miles de productores no puedan cobrar, proveedores tienen enormes dificultades para recuperar acreencias, la deuda con los bancos ponen en peligro a la empresa y fácilmente queda a merced de una compa de capitales extranjeros. Y eso es lo que el Gobierno intenta defender”, aclaró.

Seguidamente, el entrevistado fundamentó: “En un estado de situación donde el comercio de granos se encuentra en un porcentaje importante en manos de empresas extranjeras, mantener una empresa argentina es importante. Si lo asume el Gobierno se transforma en una empresa testigo de precios de referencia internacionales que son los que a veces se utilizan para poder combatir mecanismos de triangulación y evasión fiscal”.

Sapei también marcó un punto que, a su entender, no puede dejarse de lado: “Entre los acreedores hay bancos internacionales, con importante participación, que han emitido un comunicado donde informan su visión positiva de este proceso de estatización y su decisión de colaborar; este es un dato que no es menor”, dijo.

“Además, este mismo comité había hecho contra Vicentin una denuncia en la justicia de Paraguay por evasión impositiva y fuga de divisas de Vicentin Paraguay, pero que obviamente eran divisas que salían a través de exportaciones de productos que generaba la empresa en Argentina”, manifestó.

“Entre los acreedores hay bancos internacionales, con importante participación, que han emitido un comunicado donde informan su visión positiva de este proceso de estatización".

Un párrafo aparte le dedicó el referente del Banco Credicoop a la deuda con los bancos nacionales. “A un proceso de este tipo, está la posibilidad de recuperar las acreencias del Banco Nación que lo dejó en una situación de extrema dificultad”.

A modo de conclusión, Sapei señaló: “Teniendo en cuenta las características de la empresa uno tendría que suponer que razonablemente en un proceso de quiebra termine en mano extranjera, lo que contribuiría a agrandar el proceso de extranjerización de grandes sectores de la economía argentina y algunos estratégicos como lo es el agroalimentario. Por eso entiendo que es necesario llevar adelante este proceso de manejo soberano de una actividad sensible para la vida de los argentinos”. 

El Grupo Vicentin, el mayor agroexportador de cereales y oleaginosas de capitales argentinos, que el último 4 de diciembre se declaró en cesación de pagos, acumula una deuda de más de 71 millones de pesos sólo en San Francisco, la cual crece en gran manera si se engloba a nuestra región, tanto del lado cordobés como santafesino. Cabe señalar que la deuda total está estimada en US$1.350 millones.