Un año antes de que en el país se aprobara la ley de matrimonio igualitario, Río Cuarto aprobó una ordenanza que permitió, por primera vez en Argentina, la unión civil entre personas del mismo sexo. La unión de Eliana (transexual ya fallecida) y Osvaldo fue celebrada en la ciudad como una boda, pero recién el 15 de julio del 2010 Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en reconocer los derechos de las personas gays a contraer matrimonio.

En los últimos ocho años, 1.500 parejas de la diversidad sexual se casaron en Córdoba. En el país, ya son 18 mil las que dieron “el sí”. Los referentes de la Federación Argentina Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans (FALGBT) destacan que la ley de identidad sexual fue clave para el avance en la lucha contra la discriminación, pero reclaman más políticas activas de promoción de derechos.

De los 1.500 matrimonios igualitarios que se registraron en la provincia desde la sanción de la ley, 800 se celebraron en Córdoba capital. El pico de enlaces se dio en 2011, y luego se estabilizó cuando las familias que de hecho estaban constituidas ya habían logrado acreditar su unión en los registros civiles.

Según datos del Registro Civil Central de esa ciudad, las uniones entre personas del mismo sexo representaron desde 2011 el 3,4 por ciento de los casamientos en Córdoba, y el 60 por ciento fueron uniones entre hombres.

“Recuerdo que, apenas empezó la militancia, dos chicas lesbianas que habían salido por televisión en Río Cuarto fueron reconocidas en la calle y perseguidas por una señora con un crucifijo en la mano. La mujer les gritó frases discriminatorias por unas dos cuadras. Se ha avanzado, hoy no pasa eso, pero sigue faltando educación. Hay que sacar a la gente del mito y de la desinformación por una sociedad más igualitaria”, sostiene Diego, de 31 años, quien se casó con Leandro, de 33 años, hace apenas 10 días.

En Córdoba, Río Cuarto fue pionera en la lucha por el respeto de la identidad y de la diversidad sexual. Desde la Mesa de la Diversidad, hace años se impulsa una serie de proyectos para lograr “la igualdad real”.

Integrantes de la comunidad LGBTI coinciden en que la ley de identidad de género se cumple en lo que tiene que ver con el cambio registral (en Río Cuarto hubo 25 cambios de DNI) y tiene algunos avances en cuanto al “trato digno”, pero no se ha hecho efectiva en materia de atención de la salud integral de las personas trans.

Urgencias en salud

“En materia de salud integral trans, sólo hay avances en algunas ciudades del país. En la provincia de Córdoba no se cumple la ley, directamente no hay turnos, no hay profesionales capacitados para hacer las intervenciones, ni siquiera hay entrega de hormonas para personas trans”, denuncia Walter Torres, presidente de la Mesa de la Diversidad Sexual de Río Cuarto e integrante de la FALGBT.

Torres recuerda el caso de Eliana Alcaraz, protagonista de la primera unión civil y presidenta de Atta, quien falleció en 2014 de manera súbita, con nódulos detectados, sin haber logrado un turno en Córdoba para extraerse la silicona industrial que tenía inyectada.

Otros miembros del colectivo señalan que, en las escuelas, hace falta que se cumpla la ley y se acepte el nombre de los niños que así lo reclaman, aunque no hayan hecho el cambio registral, y que se respete la identidad de género autopercibida. “A veces, para garantizar derechos no hace falta ni siquiera plata, sólo hay que poner buena disposición, tratar bien a otro con una perspectiva de género, de derechos humanos”, apunta Torres.

Por qué un cupo laboral

En la Legislatura de Córdoba hay varios proyectos para instaurar en la administración pública un cupo laboral para las personas travestis, transexuales y transgénero.

La comunidad trans pide capacitación en oficios, microcréditos productivos para que las personas puedan avanzar según sus propios intereses e incentivos fiscales para las empresas que tomen personas trans y para la creación de cooperativas que contribuyan a la inclusión laboral.

Torres puntualizó los principales argumentos: “No hay otro grupo en la sociedad que esté tan vulnerado en materia laboral como la comunidad trans. Más del 90 por ciento no tiene un trabajo registrado y esto se ve agravado porque, a diferencia de cualquier otro grupo, para los trans la expectativa de vida es muy corta: está apenas entre los 35 y los 40 años”.

Además, señaló que, según datos de la FALGBT, entre el 75 y el 80 por ciento de las personas trans no pudo terminar la escuela primaria ni la secundaria. “Las personas trans se mueren sin oportunidad de terminar la escuela ni de incorporarse al trabajo. Los programas de empleo de la Nación y de la Provincia no llegan a este grupo vulnerado”, explicó.

Torres advirtió: “Si a las personas trans no les reciben ni el currículum en los comercios, menos les van a recibir la planilla del Primer Paso. Hace falta un programa específico y también un cambio social, que quienes puedan tomar gente, desde una niñera hasta una secretaria, contribuyan a la inclusión laboral y a la igualdad real”. “Muchas veces, por la discriminación y la violencia, se pierden cuestiones más básicas que los derechos: se pierden la esperanza, la fe, el proyecto de vida, la autoestima personal. La falta de derechos quiebra cuestiones básicas del ser humano”, agregó.

Matrimonio, tras años de militancia en común

Hace una década que Diego, de 31 años, y Leandro, de 33, militan por los derechos de identidad de género desde Río Cuarto. Tras varios años de novios, se casaron hace una semana.

Diego afirma que, en materia de reconocimiento de derechos, “se ha avanzado”, pero sigue faltando educación. “Hay que sacar a la gente del mito y de la desinformación por una sociedad más igualitaria”, asevera el activista.

Entre sus recuerdos guarda auténticas imágenes de persecución, algo que, dice, ya no sucede.

Fuente: La Voz del Interior