El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó este jueves una serie de operativos que le había pedido el fiscal Jorge Di Lello en el edificio de la Jefatura de Gabiente en el marco de una investigación contra el ex responsable de esa área, Marcos Peña, y la ex vicepresidenta Gabriela Michetti por negociaciones incompatibles con la función pública.

El procedimiento se llevó a cabo en el ex edificio de Somisa, en Diagonal Sur y Belgrano. Bajo la modalidad “orden de presentación”, el juez dispuso recabar la información de todo los expedientes en torno a la supuesta contratación irregular de empresas publicitarias ligadas a Cambiemos durante el gobierno de Mauricio Macri y por presuntas irregularidades en el manejo de la publicidad oficial.

Di Lello imputó a Michetti, Peña y el ex secretario de Comunicación Pública del gobierno de Macri, Jorge Grecco, y a un grupo de funcionarios y empresarios. En su dictamen, afirmó que los hechos denunciados demostrarían que durante el gobierno de Macri, y a través de la firma de un decreto por parte de Michetti, se desligó a la agencia de noticias Télam del manejo de la publicidad oficial y se traspasó esa gestión a la jefatura de Gabinete, desde donde se habría contratado, sin concurso alguno, a empresas vinculadas a Cambiemos.

Los otros imputados son Ezequiel Lucas Colombo Marrón, ex subsecretario de Comunicación y Contenidos de Difusión; Lucía Aranda, ex directora Nacional de Contenidos; Arnaldo Horacio Minotti, ex director de la Delegación Legal de la Secretaría de Comunicación Pública; Fernando Ernesto Britos, ex director de la Delegación Legal de la Dirección Nacional de Publicidad Oficial de la Secretaría de Comunicación Pública; y María Evelyn Tarsitano, ex coordinadora de la Dirección de Contrataciones y Suministros.

De acuerdo a la denuncia, habría existido “una estructura montada por funcionarios nacionales para favorecer a las empresas mencionadas, mediante la utilización de la figura del ´legítimo abono´ en contrataciones de forma habitual, eludiendo las normativas administrativas en la materia y dejando a la empresa estatal Télam sin una de sus labores esenciales como era la realización de campañas publicitarias oficiales”.

Fuente: Infobae