Tras 109 días de detención, recuperaron ayer su libertad los tres integrantes de la familia Santiago, dueños de la fábrica que produce los helados marca Grido. La Cámara Federal de Apelaciones les concedió el beneficio de la excarcelación luego del cumplimiento de una caución de 300 mil pesos cada uno (900 mil en total).

La liberación de los empresarios Oscar Lucas Santiago y de sus hijos Sebastián y Lucas puso fin a un largo debate jurídico centrado en si el mantenimiento en prisión de los acusados por la supuesta millonaria evasión tributaria no excedía garantías, dado que su reclusión era justificada en la posibilidad de una eventual fuga, con desaparición de información.

Es más, la propia Cámara, integrada por Luis Roberto Rueda, Abel Sánchez Torres y José Pérez Villalobo, en su momento denegó en dos oportunidades las excarcelaciones, pero en una nueva apelación de los imputados consideró que ha transcurrido un tiempo suficiente como para que la propia Justicia y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) recabaran la información.

 

Los camaristas ordenaron al juez federal Ricardo Bustos Fierro la liberación de los imputados y dejaron a su criterio la fijación de la fianza –finalmente establecida en 300 mil pesos por cada uno y garantizada mediante propiedades– y resolvieron que, además de no poder salir del país (a cuyos efectos se secuestraron los pasaportes), los acusados deben comparecer cada 30 días ante el Tribunal.

En el inicio de la investigación, el fiscal federal Enrique Senestrari justificó el pedido de detención de los Santiago bajo el argumento de que en libertad podrían llegar a entorpecer la investigación mediante la desaparición de documentación valiosa. En particular le apuntaba a Sebastián Santiago, el gerente general de la compañía.

Ese criterio fue aceptado entonces por la Cámara, pero, ante una nueva apelación impulsada por el abogado defensor Gabriel Gramática, el Tribunal hizo lugar por unanimidad a la liberación, lo que se produjo a las 16 de ayer.

El letrado hizo referencia a que habiendo transcurrido más de 90 días de detención, el 10 de agosto pasado la Afip-DGI presentó un informe preliminar de unas 300 fojas donde consta que “toda la documentación y material informático fue desintervenido, controlado y analizado por personal del organismo”.

La situación procesal de los detenidos “ha variado notablemente, habiéndose desvirtuado los anteriores argumentos esgrimidos para confirmar la detención”, señaló Gramática en su escrito.

El camarista Rueda consideró que “a esta altura de la instrucción judicial no puede seguir sosteniéndose la posibilidad de que los imputados puedan obstaculizar la investigación” y remarcó que la acusación nunca hizo explícita cuál podría ser la prueba que estaría en riesgo para entorpecer la investigación.

Por su lado, Sánchez Torres agregó que los imputados no registran antecedentes penales, poseen arraigo en Córdoba y que la prueba ha sido ya valorada por la Afip-DGI, organismo que ha presentado un informe que dictamina sobre la supuesta evasión. Pérez Villalobo adhirió a los argumentos precedentes.

Barato y popular

Estruendo. El caso Grido sacudió en su momento a la opinión pública por el grado de popularidad de la marca de helados y la espectacularidad del procedimiento realizado en el parque industrial de Ferreyra por la Afip y el fiscal federal Enrique Senestrari, el 31 de mayo pasado.