Garzón solicitó además que se reglamente las condiciones que deben tener los vehículos para el traslado, en materia de ventilación e iluminación, según informa en su sitio web La Voz del Interior.

La decisión del magistrado surge luego del planteo realizado meses atrás por la Defensoría Federal de nuestra ciudad, en un adelanto del El Periódico, a la par de planteos judiciales originados en  otras jurisdicciones de Córdoba contra el empleo de cadenas para el traslado de presos, que incumple normas internacionales, nacionales y locales.

Cabe recordar, que el juez federal en la primera oportunidad se declaró incompetente al existir una situación mixta de competencia; ya que las cárceles son de jurisdicción provincial. Pero la jueza de ejecución penal de San Francisco, María Teresa Garay, falló luego a favor ordenando el cese en el uso de las cadenas.

En la actualidad

Garzón dispuso ahora que el Servicio Penitenciario Provincial acate la normativa internacional, nacional y provincial.

Dijo, de todos modos, que desde junio ya no se utilizan cadenas en los traslados y destacó: "...no obstante lo cual se advierten asimismo falencias respecto a la utilización de los cinturones de seguridad, la carga de objetos varios entre los detenidos (bolsas de cal, colchones de espuma de goma, alimentos balanceados, papel higiénico, etc.) sumado a la existencia de mayores ocupantes en relación a la cantidad de asientos existentes".

El juez de San Francisco dijo que además, "el común denominador de los especialistas traídos a juicio para el asesoramiento acabado del tema, resulta que ciertamente no existe una reglamentación específica sobre los parámetros de luminosidad y ventilación" de los móviles.

Por ello, solicita "que en un plazo razonable proceda a la reglamentación de especificaciones técnicas -conforme lo dispone la Ley N° 24.660- en lo relativo a la unificación y acondicionamiento de las unidades de traslado, mediante el equipamiento necesario para cumplir tanto con la seguridad vial, como con los recaudos de debida iluminación y ventilación".

También, solicita que "se provea a los detenidos, durante los traslados superiores a los 200 kilómetros, de la alimentación y atención sanitaria".