Desde hoy, un jurado popular reunido en la Cámara 12ª del Crimen analizará la conducta que 56 integrantes de la Policía de Córdoba mantuvieron durante el acuartelamiento del 3 y el 4 de diciembre de 2013, uno de los sucesos sociales y políticos más trascendentes de los últimos años.

El descontento por sus condiciones laborales desató la huelga y llevó a los uniformados a negarse a responder las órdenes de salir a cumplir sus tareas. Aquello generó que cientos de patrulleros no se movieran y dejaran a la ciudad sin protección. Lo que vino después fueron numerosos saqueos a comercios y a viviendas, y hechos de violencia entre vecinos o comerciantes contra supuestos saqueadores, que terminaron con un civil muerto.

Pero no se juzgarán los saqueos, ni los robos, ni la violencia. Sólo se enjuiciará al núcleo de policías que inició la decisión de dejar de trabajar.

Se tomó en cuenta la rebeldía, a partir del quite de colaboración de un grupo reducido de efectivos que no respondió a los llamados de radio desde la central.

Ese grupo se concentró en el sudeste de la ciudad, en inmediaciones de la avenida Sabattini, en la esquina de Diego de Torres y Obispo Castellanos. Hasta allí llegó el comisario inspector Rodolfo González, quien les dio y les reiteró la orden de que salieran a trabajar. La respuesta fue negativa.

Las_salas_y_sus_miembros

Luego se realizaron interferencias a la frecuencia radial y, más tarde, comenzaron las arengas hacia otros móviles para que se sumaran a la protesta.

Después, los rebeldes comenzaron a “incitar, verbal y públicamente, tanto al resto de las personas allí presentes, personal policial en actividad y retirado, cuanto a uniformados que iban arribando al lugar, a convocarse en la base del Comando de Acción Preventiva Distritos IV y V”. La convocatoria era para concentrarse en la base de Ampliación Cerveceros.

A un grupo más grande se le reprocha que “habría utilizado los vehículos y elementos de comunicación cuyo uso y conservación les pesaba para el cumplimiento de su labor como fuerza de seguridad provincial” para “una aplicación diferente de aquella a la que estaban destinados”, con lo que “habrían afectado la normal prestación del servicio de seguridad a la población en general y la prevención del delito”, según sostiene la acusación del fiscal Raúl Garzón.

La hora de la verdad

Hoy, tomará el debate oral y público el tribunal popular, que encabezarán los jueces técnicos Gustavo Reinaldi (presidente), María Gabriela Bella y Mario Capdevila.

Debido a la complejidad del debate, que puede durar más de tres meses, se tomó la previsión de convocar a más suplentes al jurado popular. Serán ocho titulares y ocho sustitutos.

Entre los acusadores, además del fiscal de Cámara 12ª, Mariano Antuña, actuará Garzón como coadyuvante.

Entre las dificultades que ofrece este juicio, se destaca el despliegue edilicio. Habrá tres salas: la de audiencias, con el tribunal, los 56 acusados, sus defensores y los acusadores; una destinada a familiares y a público; y la restante, a la prensa. El seguimiento en los dos últimos recintos será a través de videoconferencia.

Se estima que el juicio puede extenderse, al menos, dos o tres meses por la cantidad de testigos que declararán. Entre ellos, se prevé la presencia del exgobernador José Manuel de la Sota, de Oscar González (a cargo del Ejecutivo en ese momento), de Alejandra Monteoliva (ministra de Seguridad) y de los jefes policiales de entonces, entre otros.

Para hoy, está programada la lectura de la acusación; y luego, la “presentación del caso”.

Será el momento en el que las partes -cada uno de los abogados defensores y los fiscales- se dirijan al jurado popular, a cuyos integrantes les explicarán cuál es la importancia del caso y les anticiparán los argumentos que esgrimirán en el juicio para sustentar sus posturas. Se presume que en esta primera audiencia no se tomarán testimonios.

Raúl Garzón : Fiscal que impulsa el juicio

"Dejaron a la sociedad en soledad y a la deriva"

El miembro del Ministerio Público que investigó los hechos evaluó el peso del juicio en su dimensión no solo jurídica, sino también social. “Este momento es muy importante para la respuesta que la Justicia debe darle a la sociedad. Episodios como aquel no pueden quedar nunca sin su debido análisis ni sin la individualización de los responsables. Considero que, a lo largo del debate, podrán establecerse con claridad los hechos y existirá la posibilidad de arribar a una sentencia justa”, señaló a La Voz.

“Además, con los jurados populares que intervendrán, y que son un modo directo en el que la sociedad participa de la Justicia, será la propia sociedad la que podrá emitir consideraciones sobre aquellos momentos de levantamiento, de acuartelamiento, en los que los policías nos dejaron solos, conscientes de que la sociedad quedaba a la deriva”, opinó.

Miguel Ortiz Pellegrini: defensor de 42 policías

"Se han elegido chivos expiatorios al azar"

El abogado defensor de policías que estarán sentados en el banquillo de los acusados afirmó que si hubo cinco mil personas que se acuartelaron, “no sé por qué razón la ley selecciona a 56 agentes”.

Para Ortiz Pellegrini, se eligieron “algunos chivos expiatorios al azar que representan, en definitiva, a todo el personal policial”.

Según la defensa, “hay una contradicción intrínseca” por llevar a juicio a este grupo de uniformados, casi todos de menor jerarquía, por cuyo resultado del reclamo gozó toda la Policía.

“Si esto es un delito, entonces quiere decir que es producto de hechos delictivos y, por lo tanto, se debería anular”, argumentó.

El letrado resaltó que el “saqueo” no forma parte del juicio que inicia hoy. “La Justicia no ha sancionado, ni siquiera lleva a juicio a ninguno de los ladrones, sólo a los policías, y por razones administrativas”, acentuó.

Rubén López: damnificado por saqueos

"Desde De la Sota para abajo, deberían ir a juicio"

El comerciante que en 2013 sufrió el incendio de su ferretería “Casa d’todo”, en avenida Donato Álvarez, durante los saqueos dijo que “una parte insignificante de los policías” es la que hoy va a juicio.

“Desde De la Sota para abajo, la ministra Monteoliva, hay muchísimos que deberían ir a juicio”, manifestó el damnificado.

López consideró que este juicio es “simbólico” y que no es suficiente con “retar a los policías, y listo”.

“El daño que produjeron es irreparable, no solamente por lo económico, sino por el daño psicológico. Todavía hay temor”, aseguró.

El ferretero recordó que apoyaba el reclamo de los uniformados: “Un empleado mío ganaba más que el básico que cobraban”.

Sin embargo, condenó la “pésima y terrible forma en que lo hicieron”.

“Ojalá sirva, que haya una sanción modelo y que no se les cruce nunca más este tipo de cosas”, cerró.

Marcelo Polakoff : Miembro del Comipaz

"Poner énfasis en la resolución de conflictos"

Quien integra el Comité Interreligioso por la Paz se pronunció a favor de “volver a poner énfasis” en la resolución de conflictos.

En ese sentido, sostuvo que “la democracia tiene como elemento constitutivo el conflicto” que, a su entender, “no es una mala palabra”.

Para el rabino, el problema se suscita cuando no se tienen “mecanismos de resolución de conflictos pacíficos e institucionalizados” que permitan contener “desbordes ilimitados”.

Estos “desbordes”, afirmó Polakoff, pueden hacer “lamentar la pérdida, primero, de una vida; y después, de fuentes de trabajo, de bienes y de la paz social”.

Ante el rol que asumieron los integrantes del Comipaz durante los días del motín policial, señaló: “Es lo que tratamos de hacer cotidianamente como líderes religiosos: acompañar y poner un poco de mesura”.

Policías: los imputados

En el primer grupo del megajuicio que comienza hoy, llegan a este juicio 17 uniformados acusados de instigación a cometer delitos y desobediencia a la autoridad.

Entre el segundo grupo, otros 39, encargados de los móviles, están imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “aplicación indebida de caudales públicos” por el uso de los patrulleros durante las protestas.

Acusados de instigación a cometer delitos y desobediencia a la autoridad: 17

Carlos Rubén Suárez, César Alejandro Ruiz, Cristian David Gorosito, Lucas César Rodríguez, Jorge Daniel Rodríguez, Diego Eduardo Perafan, Carlos Augusto Contreras, Ricardo Heber Arrascaeta, Mauricio Maximiliano Guevara, Pablo David Agüero, Juan Ítalo Davia, José María Pizatti, Esteban Fernando Cejas, Eduardo Montalvo, Norberto Alejandro Brito, Carlos Guillermo Nievas, Valeria Carina Martínez.

De este grupo, que originalmente conformaban 18 uniformados, fue excluida Carla Valeria Ramella, por nulidades.

Imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “aplicación indebida de caudales públicos” por el uso de los patrulleros durante las protestas: 39

Emmanuel Pablo Frontera, Pablo Hernán Romero, Fernando Luis García, Ariel Soria, Héctor Raúl Villagra, Pablo Patricio Guayan, Sergio Omar Aráoz Varas, Luciano Javier Vélez, Mauricio Héctor González, Andrea Deolinda Oviedo, Holver Ariel Paz, Rubén Emilio Romero, Rubén Darío Díaz, Daniel Avelino Blanes, Felipe Nicolás Peralta, Gabriel Alexis Velázquez, Mónica Mabel Scaduto, Ángel Hernán Brizuela, Nelva Violeta Farías, Walter Oscar Díaz, Sergio Alejandro Pucheta, José Damián Rodríguez, Juan Pablo Ceballos, Darío Nicolás Quevedo, Cristian Agustín Molina, Cristian Tabares, Walter Hugo Ríos, Gustavo Alberto Soria, Germán Enrique Moreira, César Danilo Vivas, Gonzalo Ariel Moyano, Leonardo Sebastián Prado, Martín Esteban Cappa, Fernando Exequiel Montoya, Paulo César Moyano, Lucas Ezequiel Pietras, Ariel Fernando Achával, Luis Ángel Jara y Manuel Enrique Villada.

De este grupo de 40 uniformados, fue excluido el viernes pasado, por razones de salud, Darío Sergio Valles.

Abogados

El abogado que concentra más defensas es Miguel Ortiz Pellegrini, quien, junto con su hijo Leandro Ortiz Morán, asisten a 42 policías acusados. También se alistan como defensores Agustín Caferatta, Claudio Juárez Centeno, Mario Gregorio, Claudio Agüero, Sergio Villar y Facundo Zapiola.

Fuente: La Voz del Interior