El juez de Primera Instancia de San Francisco, Andrés Peretti, dispuso la restricción de acercamiento “recíproco” entre el comisario inspector Rubén Caporali y el comisario Ariel Figueroa, con la sargento Mariela Chávez, quien en el mes de septiembre último había denunciado a ambos jefes en el Tribunal de Conducta Policial de Córdoba por ejercer presunto acoso laboral o "mobbing" contra ella, ante la obesidad que padece, y discriminación que -según consideraba- surgía por su condición de mujer.

De esta manera, la Policía de la Departamental San Justo deberá disponer medidas para que no trabajen juntos.

La presentación judicial, cabe recordar, fue realizada por Chávez con el patrocinio del abogado Norberto Vaca. En tanto que la resolución de Peretti fue el pasado viernes.

Detalles de la medida

Según pudo conocer El Periódico, la medida consta de seis puntos, por el plazo de seis meses. Entre ellos se encuentran la prohibición de acercamiento (perimetral) entre denunciante y denunciados y la prohibición de contacto por cualquier medio (personal, virtual, telefónico, entre otros). Todo bajo apercibimiento del artículo 239 del Código Penal y 17 de la Ley 10.401 (Ley de protección Integral a la Víctimas de Violencia de Género).

El artículo 239, cabe recordar, aborda la desobediencia a la autoridad e indica que “será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal”.

Peretti, a cargo del Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, intimó a la jefatura policial a que “cese de inmediato la violencia directa y/o indirecta” e instó a la Policía “para que compatibilice la jornada laboral de la denunciante con los denunciados para que puedan cumplir con la perimetral”.

Por otra parte, el magistrado también solicitó a la Policía “para que la denunciante mantenga sus ingresos y su posición de trabajo, de modo tal que la denuncia no la perjudique” y remitió antecedentes a la Fiscalía de Turno para que investigue la posible comisión de delitos.

La denuncia

La sargento Chávez tiene 34 años, dos hijos, y es oriunda de San Francisco. Ingresó a la fuerza policial hace diez años y se desempeña en el Centro de Control Operativo (CCO) de la Unidad Regional Departamental San Justo.

En el contexto de la denuncia, señala que padece un problema de hipotiroidismo, que sería el causante de su enfermedad.

"Mobbing" o acoso laboral. Es una forma de violencia psicológica en el ámbito laboral en la cual la víctima es sometida a maltratos, desde los más sutiles, como rumores o burlas, hasta los más evidentes, como la ofensa verbal, la descalificación pública, la humillación, e incluso la violencia física.

En ese marco, Adriana Rearte, quien asesoró a la denunciante y es la presidenta de la Mesa Nacional de Violencia Institucional en Fuerzas de Seguridad en Derechos Humanos y Género, explicó a El Periódico que además llevaron el caso al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) y pidieron la destitución de ambos efectivos. No obstante, el trámite administrativo no avanzó en el Tribunal de Conducta Policial hasta el momento.

"Fue una denuncia grave por discriminación porque ella tiene una obesidad mórbida, realmente la escuchamos y nos contó cómo sufría”, relataba a este medio Rearte semanas en septiembre.

Rearte señaló que tanto Caporali como Figueroa hicieron un hostigamiento constante con la sargento. "Hace bastante que lo viene sufriendo y esta chica ha entrado en depresión, cuando uno tiene una enfermedad es algo difícil de sobrellevar y más cuando viene de un jefe de la Policía donde no se puede denunciar. Ella se arriesga haciendo esta denuncia, por eso intervenimos nosotros, consideramos que la pueden llegar a querer echar o le van a querer encontrar algo porque en la Policía la víctima siempre tiene la culpa", indicó.

Consultado desde El Periódico en ese momento acerca de esta situación, Caporali se manifestó sorprendido por la denuncia y señaló desconocer a la denunciante. Se limitó además a indicar que había dado aviso a la cúpula policial y aguardaba el proceso investigativo correspondiente.

El rol del Juzgado

Fuentes del juzgado que encabeza Peretti indicaron a este medio que se tomaron las medidas de protección solicitadas por la víctima a través de su abogado, cumpliendo su rol como Juzgado de Violencia Familiar y de Género, con la intención de que cese la violencia.

A su vez, destacaron que remitieron los antecedentes a la Fiscalía de Turno para que investigue la posible comisión de delitos y en ese caso decida imputaciones.