Repsol ha remitido una carta a la presidenta Cristina Fernández, en la que declara la existencia de una controversia en la nacionalización del 51 % de YPF con lo que la petrolera española ha dado el primer paso para llevar el caso a un arbitraje internacional.

A partir de ahora, se abre un plazo de 6 meses para que ambas partes intenten llegar a un acuerdo antes de que Repsol presente definitivamente una demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, dijeron hoy fuentes de Repsol, que no descarta emprender acciones legales en Argentina o Estados Unidos.

Con la notificación de la declaración de existencia de controversia, se inician formalmente las acciones legales para que se declare ilícita la actuación de Argentina y para que se la condene a restaurar la situación o, en caso contrario, a indemnizar a la compañía española por los daños y perjuicios ocasionados.

Actualmente, Repsol es el máximo accionista de YPF con el 57,4 % del capital, una participación que la compañía presidida por Antonio Brufau ha valorado en 10.500 millones de dólares.

Según Repsol, la decisión del Gobierno vulnera los compromisos asumidos por el Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y Argentina, por lo que esta controversia debe dirimirse ante el Ciadi.

Este tipo de tratados, añadió la fuente, contienen medidas para proteger internacionalmente las inversiones hechas por los inversores de un Estado en el territorio de otro para dar estabilidad a la inversión y reducir la incertidumbre política y jurídica que a veces afecta a proyectos en el exterior.

En el caso de YPF, Repsol entiende que Argentina ha violado las cláusulas que establecen que no se puede nacionalizar sus inversiones ni someterlas a medidas discriminatorias, salvo por causas de utilidad pública y con la contraprestación del pago de una indemnización "adecuada y sin demora".

Repsol sostiene que, previo al anuncio de expropiación, se sometió a YPF a diversas medidas para "erosionar o destruir su valor" como, por ejemplo, la confiscación de manera coordinada de diversas concesiones en distintas provincias del país.