En un hecho sin precedentes en la historia argentina, un fiscal federal denunció a la presidenta de la Nación por un hecho de terrorismo, el más grave que padeció el país.

Alberto Nisman acusó ayer a la presidenta Cristina Fernández, al canciller Héctor Timerman y a otros miembros del Gobierno nacional de negociar con Irán la impunidad de los acusados del ataque y pidió su declaración indagatoria.

Nisman acusó a la jefa del Estado “y a altos miembros de su gobierno de decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa Amia. La Presidenta y su canciller tomaron la delictiva decisión de fabricar la inocencia de Irán para saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de la República Argentina”.

Entre los acusados se encuentran el canciller Héctor Timerman, el diputado nacional oficialista Andrés “el Cuervo” Larroque, los dirigentes kirchneristas Luis D’Elía y Fernando Esteche, el exfiscal federal y exjuez de instrucción Héctor Luis Yrimia, y el referente comunitario iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil.

Nisman solicitó, además de la citación judicial de cada uno, que se trabe un embargo preventivo sobre sus bienes por 200 millones de pesos.

Pruebas

Nisman señaló que tiene “muchísimas pruebas” para sostener sus acusaciones, que están en la denuncia presentada ante la jueza María Servini de Cubría, quien subroga en feria judicial al magistrado de la causa Amia, Ariel Lijo.

El fiscal indicó en su presentación de 300 páginas que pudo acceder a escuchas telefónicas en las que no se interceptaron declaraciones de Cristina Fernández, pero puntualizó ante una consulta periodística que en “los audios se dice claramente” que el supuesto plan para proteger a los iraníes habría sido por orden de la mandataria. “Además se corroboró por otra prueba. Yo con cada audio chequeé que efectivamente lo que se dijera estuviera corroborado por al menos otra prueba o que se consustanciara con la realidad”, dijo el fiscal.

Acuerdo

Nisman señaló que el Gobierno, en plan de desvincular a los ocho iraníes acusados por el ataque (de los cuales sobre cinco pesan notificaciones rojas de Interpol), se valió de una diplomacia paraestatal integrada por personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia, el diputado oficialista Andrés Larroque, los dirigentes sociales Luis D’Elía y Fernando Esteche, y el “referente comunitario” y nexo local del régimen iraní, Jorge “Yussuf” Khalil.

Según el fiscal, las órdenes partían supuestamente de la mandataria, pasaban por el diputado Larroque o por personal de la Secretaría de Inteligencia, luego por D’Elía, para llegar a Khalil y de allí eran enviadas a las autoridades persas, como el exconsejero cultural de la Embajada iraní en Buenos Aires Moshen Rabbani, acusado por Nisman de ser uno de los autores intelectuales del ataque.

Nisman dijo que el juez Lijo no tiene un plazo determinado para decidir si acepta la denuncia. Señaló que las imputaciones contra los acusados son “encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y estorbo del acto funcional”. La primera de las imputaciones es la más grave y contempla hasta seis años de prisión.

Como se recordará, el Gobierno kirchnerista firmó en 2013 un acuerdo con Irán para que fiscales argentinos pudieran interrogar a los sospechosos, pero el acuerdo no se tradujo en ningún avance en la investigación porque Irán no lo aplicó. Para la Amia, el pacto garantiza impunidad a los responsables del atentado porque no hay indicios de que Irán vaya a permitir que sean extraditados.

Un tribunal federal argentino ya declaró la inconstitucionalidad del memorando, lo que fue apelado por el Gobierno. 
“El problema no es el memorando, el memorando es la culminación de un proceso de impunidad”, dijo Nisman ayer.

Fuente: La Voz del Interior.