Vanesa tiene 20 años, un trabajo inestable y un hermano menor de edad a su cargo. Cursa el secundario en una escuela nocturna. Su padre no está presente; su madre sí, aunque no puede aportarle económicamente. Vive en la ciudad y tiempo atrás quedó embarazada, situación que no buscó y que por el contexto que la rodeaba la llevó a tomar la decisión de interrumpirlo.

La joven cuenta que en varias oportunidades intentó acceder a una ecografía, pero por distintas trabas no pudo. Algunas veces propias ante la imposibilidad de retirarse de su trabajo y el temor a perderlo con lo que eso conlleva, ya que es el único puntal de la familia. Apeló a un 0800, una línea telefónica oficial de salud sexual y reproductiva para contar su caso, pero asegura que tampoco tuvo respuestas.

La última vez que acudió al centro de salud contaba con 20 semanas de embarazo y si bien estaba a término para una solicitar Interrupción Legal del Embarazo (ILE), eso le significaba un proceso de internación. Fue allí que ante la negativa del médico que la atendió, la mujer decidió autogestionarse su aborto, es decir, apeló a la práctica por cuenta propia consiguiendo la medicación y abortó.

Casos como el de Vanesa o similares suelen ocurrir pese a que desde enero de este año está vigente la Ley 27.610, que regula la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Falta información

Carla Ghisolfi, integrante de Socorro Rosa-Las Rivas, organización dedicada al acompañamiento de mujeres en su decisión de interrumpir un embarazo, remarcó que pese a la existencia de la flamante ley hace falta mayor capacitación al personal de salud.

También advirtió sobre prácticas dilatorias a causa de las trabas que generan los mismos médicos, que no cumplen con lo que dice la ley: “Si sos médico o médica objetor y no vas a garantizar la práctica tenés que hacer la derivación, coordinar con otro profesional o institución. Pero en estos casos vemos en las personas que acompañamos que no les son claros, no las referencian con ningún profesional y no se les garantiza tampoco las ecografías de control”, dijo ante la consulta de El Periódico.

En el mismo sentido, Saúl Kohan Boc, médico a cargo del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Iturraspe, explicó que a sus consultorios, tanto en el hospital como en el ámbito privado, llegan usuarias derivadas de colegas objetores, aunque advirtió sobre una situación que se viene dando: “Algo que tiene que ver con el marco legal implica no obstaculizar, es decir, si soy un médico objetor no puedo decirle a la paciente que no sé quiénes no son objetores o no dar la información porque es ilegal y está penado por la ley”, señaló.

Más de 100 abortos desde enero

A la fecha, desde que entró en vigencia la ley que regula el acceso a la IVE y a la atención postaborto, en el Hospital Iturraspe de San Francisco, nosocomio de referencia del departamento San Justo, según las cifras oficiales se realizaron más de 100 interrupciones voluntarias, siendo septiembre el mes con más prácticas: 21 en total.

Kohan Boc reconoció que con la ley hubo un aumento en la demanda de abortos y la consideró como esperable, pero aclaró que el recurso humano para llevar adelante los tratamientos es limitado: “Salvo en lugares muy puntuales del departamento, el servicio de San Francisco se hace cargo de gran parte de sus localidades. Son muy pocos los lugares donde los profesionales no son objetores y lo pueden manejar de manera ambulatoria”, aclaró. Y agregó que aunque falta más difusión las usuarias están llegando “sin inconvenientes”, por lo que el derecho se garantiza.

Al ser consultado sobre la cantidad de IVEs realizadas en el hospital, el médico señaló que aún no existe una tendencia, algo que, según estimó, recién se podrá conocer a fin de año. No obstante, indicó que sí hay un aumento de casos es porque las usuarias “van conociendo sus derechos”.

También destacó que están surgiendo equipos que garantizan el acceso al derecho en otros lugares como Laspiur y Morteros. Las edades de quienes toman la decisión de abortar, en tanto, son variadas y van de los 15 a los 25 años.

Sigue el estigma

No obstante, que el aborto se haya convertido en legal y ya no sea una práctica clandestina, sigue siendo algo estigmatizante para algunas usuarias y también para aquellos médicos que no son objetores: “Por ahí notamos que van y vienen las usuarias, dan vueltas en la consulta. Por eso faltan campañas de información sobre este tema. En San Francisco corre mucho el boca en boca, se sabe quiénes no somos objetores y las personas llegan”, analizó Kohan Boc en relación a las usuarias.

Ghisolfi, por su parte, contó que en localidades más pequeñas del departamento San Justo, de acuerdo a los encuentros presenciales y virtuales que mantienen con las mujeres que acompañan en esta situación, una de las conductas que observan es el evitar el sistema de salud y conseguir la medicación por sus propios medios: “Si bien se desmitificó el aborto con lo que fue la marea verde, en localidades muy pequeñas lo que nos dicen es que prefieren no ir porque el secreto profesional no se garantiza. Se considera que en el pueblo todo se sabe”, afirmó.

Por último, Kohan Boc se refirió a sus colegas y remarcó que quienes no son objetores son muchas veces castigados por un sector de la sociedad: “Los que tomamos determinadas posturas asumimos que vamos a ser señalados, pero hay que imaginarse lo que sucede en una localidad chica, de menos de diez mil habitantes. Nadie tiene por qué asumir la obligación de exponerse sin estar dispuesto a aceptar las consecuencias”, reflexionó.

Contactos importantes

Socorro Rosa San Francisco. Servicio comunitario: 3564-612792 línea pública. De lunes a viernes de 10 a 16 y sábados de 10 a 13. IG: socorristaslasrivas.sanfco.

Salud sexual y reproductiva: 0800-222-3444 es una línea telefónica nacional, gratuita y confidencial.