La concejal del bloque Córdoba Cambia, Cecilia Roffé, presentará un proyecto de ordenanza exigiendo a funcionarios y concejales de la ciudad que presenten la declaración jurada de bienes. Según se estima, podría ser tratado en la próxima sesión del Concejo Deliberante.

Cabe recordar que existe una ordenanza referida a esta situación, la cual Roffé pretende modificar en sus artículos.

La iniciativa dispone "la obligatoriedad de presentar declaración jurada de patrimonio al ingreso a la función pública, anualmente y al finalizar la misma, contemplando al intendente, concejales y al secretario del Concejo; tribunos de Cuenta y secretario del Tribunal; secretarios del Ejecutivo Municipal; directores generales; directores; juez de Falta y secretaria del Juzgado; presidente y directores de las empresas con mayoría accionaria de la Municipalidad; administrador de Amos; asesor letrado municipal y adjuntos.

Al momento de hablar de plazos para la presentación, Roffé sostuvo que será un máximo de 20 días corridos y siguientes a la fecha de asunción y de cesación en el cargo.

Las declaraciones, explicó la edil, tendrán carácter público y serán difundidas por Internet en la página web del municipio, con renovación anual, sin costo alguno y con libre acceso de los ciudadanos.

La información deberá incluir: nómina y detalle de todos los bienes, créditos y deudas ubicados en el país o en el extranjero (bienes inmuebles y bienes muebles registrables, bienes muebles no registrables como equipos instrumentales, joyas o semovientes y otros similares que por su valor representen una cifra de importancia dentro del patrimonio); capitales invertidos en títulos, acciones y demás valores cotizables en bolsa; capitales invertidos en explotaciones personales o en sociedad que no cotizan en bolsa; depósitos en bancos y otras entidades financieras de dinero en efectivo y en moneda extranjera; créditos hipotecarios, prendarios y comunes; deudas hipotecarias, prendarias y comunes; especificación de sus labores profesionales u ocupacionales que generen recursos económicos.

“A través de este proyecto se intenta actualizar el mecanismo de acceso a la información del patrimonio de las autoridades y funcionarios políticos", fundamentó Roffé. Este tipo de norma rigen en las municipalidades de Córdoba Capital, Río Cuarto, Rafaela, entre otros, argumentó la concejal.