Córdoba tiene 1.514 condenados en el registro de violadores
Por ley, organismos públicos que trabajen con menores están obligados a pedirlo.
Desde que entró en vigencia el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual, a fines de 2010, hay anotadas 1.514 personas que cumplieron o están a punto de cumplir condenas por esta causa.
El dato tiene relación con el asesinato de Micaela García en Gualeguay (Entre Ríos), supuestamente a manos de un violador que había salido en libertad condicional a instancias de un juez, que es duramente cuestionado desde distintos frentes.
En ese marco, ayer hubo manifestación en el centro de Córdoba capital para reclamar justicia para la víctima y hoy está prevista otra marcha en Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires.
El denominado “registro de violadores” funciona en dos ámbitos: el Ministerio de Justicia y la Policía provincial. El primero recopila los datos y el otro hace el seguimiento del condenado que recuperó la libertad.
Córdoba es uno de los pocos lugares que tienen una herramienta de este tipo, que además obliga a los organismos públicos cuyo trabajo involucra a menores de edad a exigir certificados de antecedentes sexuales.
La ley dispone que la inscripción en este registro “importa la prohibición absoluta y automática para desempeñarse en servicios públicos o semipúblicos en los que estuviesen involucrados menores de edad”. Y, además, la prohibición se aplica a quien “pretenda incorporarse a establecimientos educativos de cualquier nivel y cualquiera sea la función que ejerzan. También quedan comprendidos los transportes privados de menores de edad”.