La Confederación General del Trabajo (CGT) de San Francisco advirtió este viernes que denunciará en la AFIP por el cobro que rige desde hace algunos días en centros de salud privados de un “bono extraordinario de emergencia no reintegrable”, cuyo costo es de 2500 pesos.

El anuncio lo hicieron María Paula Cabrera y Claudio Rivolta, al frente de la central gremial de nuestra ciudad, acompañados por otros titulares de gremios.

Indicaron que se trata de un cobro “en negro” porque no recibe el paciente ningún comprobante de ese pago: “No hay recibos, no hay facturas. Si esto no se revierte en los próximos días, si no se toma conciencia vamos a denunciar al consorcio (compuesto por la Clínica Regional y los sanatorios San Justo y Argentino), a las clínicas y a los profesionales de la salud”.

Desde CGT, además, cuestionaron la versión de que exista una demora de entre 60 y 120 días para abonar los aranceles médicos: “Negamos enfáticamente esos tiempos. Los pagos se realizan entre 30 y 45 días, no sabemos después que pagamos qué ocurre”, dijo Cabrera. En relación a ello, César Rodríguez, del gremio de los Gráficos, aportó: “Acá se mete a la misma bolsa a las prepagas y obras sociales. Las prepagas tiene fines de lucro, pero no las obras sociales que están obligadas por ley a brindar el servicio aun cuando el afiliado no pague”.

A la hora de buscar responsables, desde la CGT indicaron que se pasan la pelota entre el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba y el consorcio: “Hay deslinde de responsabilidades de unos y otros, por lo que el trabajador y afiliado queda en el medio. La realidad que nadie puede negar es que cobran 2500 pesos, no respetando los convenios que cada obra social tiene para el pago de aranceles. Este bono es arbitrario”, señaló Cabrera.

Desde el Consejo de Médicos, cabe aclarar, indican que no tienen atribución alguna por estatuto para decidir el cobro de este plus. 

Desde la central gremial se mostraron abiertos a negociar nuevamente y aseguraron que los trabajadores de la medicina tienen derecho a un arancel “digno” pero volvió a cuestionar las formas en que se impuso este bono de emergencia: “Fue de manera intempestiva, extorsiva y deshonesta”, aseguraron.

De la conferencia de prensa participaron además de Cabrera y Rivolta, Alberto Carballo, de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops); Guadalupe Moyano, Sindicato de Mecánicos y afines del Transporte (Smata); Mariela Vaillard, Sindicato del Seguro; Mauricio Rostagno, Unión Obrera Metalúrgica (UOM); César Rodríguez, Gráficos, y Walter Utrera, de Telecomunicaciones. 

La versión de los médicos

El pasado 14 de septiembre, las clínicas y sanatorios privados de San Francisco acordaron el pago adicional de 2500 pesos a los pacientes en el marco del conflicto que mantienen con las obras sociales y empresas de medicina prepagas. La medida no corre para Apross y Pami.

El presidente de la Federación Médica de Córdoba y vicepresidente de la Confederación Médica Argentina, el sanfrancisqueño Daniel Martelli, dijo previo al acuerdo que los médicos “están absolutamente insatisfechos, cobran bajos aranceles y 90 o 120 días después de haber brindado la atención, sin ningún tipo de actualización en plena inflación”.

En diálogo con El Periódico, también justificó la decisión de cobrar este plus debido a que el costo de los insumos se triplicó de un mes a otro, lo que les genera un gasto grande a las entidades de salud.

Cabe recordar que también los colegios de bioquímicos y de odontólogos, entre otros, venían también con esta modalidad de cobro.