Desde abril de este año, el Juzgado de Niñez y Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de San Francisco tiene como nuevo titular a Andrés Peretti, quien reemplazó en el cargo a María Esther Martínez.

En una charla con Mano a Mano, el programa que conduce Gabriel Pecile en El Periódico TV, Peretti alertó sobre el aumento en las denuncias sobre violencia de género, que cuantificó en unas 10 por día en promedio. Por otra parte, consideró que bajar la imputabilidad de los menores de edad no traerá beneficios a la sociedad y que no disminuirá la cantidad de niños y adolescentes involucrados en delitos, sino todo lo contrario.

- En el caso de la niñez hubo un cambio de mirada a partir de la nueva ley. ¿Cómo se aplica eso en conjunto con la Senaf y Uder en San Francisco?

Sí, ha cambiado muchísimo. Con la ley vigente anteriormente este tipo de problemática estaba vinculada exclusivamente con un juzgado, era la Justicia quien tomaba la decisión de sacar a un determinado niño, joven o adolescente de su ámbito familiar para protegerlo en situación de vulnerabilidad. Esa función fue pasada al Estado a través de la Senaf y en San Francisco se ejerce a través de la Uder; ellos son los que toman las medidas de protección. Y nuestro trabajo como Juzgado es controlar que esas medidas sean dictadas conforme a derecho.

- ¿En qué casos es necesario tomar una medida de protección para un niño y sacarlo del núcleo familiar?

Está relacionado básicamente con una falta de contención familiar, de sus familiares directos y situaciones de riesgo. Abandono, algún progenitor o los dos con problemas con el alcohol, adicciones y violencia también. En ese caso las medidas que se toman es protegerlo de esta situación que es peligrosa. Nuestro trabajo justamente es controlarlo, ver si existen argumentos razonables para sacar el niño de su grupo familiar y colocarlo en otra familia.

- En cuanto a la violencia familiar y violencia de género. ¿Cómo han sido estos meses de trabajo?

Es un trabajo muy intenso, muy demandante en el día a día, porque hemos tenido un incremento bastante importante en cuanto a la cantidad de denuncias diarias. Al ingresar manejábamos un promedio de 5 o 6 por día y ahora estamos en casi diez. Es un número bastante alto, porque además de tener que dictar medidas de protección en relación a las víctimas, a su vez tenemos que tomar las audiencias relativas a ese proceso, lo cual da una dinámica de trabajo que es bastante intensa.

- ¿Tienen la estructura necesaria en el Juzgado para abordar una problemática tan grande?

Si no la tenemos, nos la tenemos que rebuscar de todas maneras, porque son gente que tiene que estar protegida, porque están golpeados, abandonados y necesitan una protección inmediata. Tengo un equipo que trabaja muy bien y está al día con todas estas cuestiones porque no existe un plan b para esto. Son situaciones en las cuales ha pasado un fuego y hay que apagarlo.

- En la cuestión de menores vinculados a delitos e infringiendo la ley, ¿cómo actúa el Juzgado?

Todo depende de si los niños o jóvenes cometen los delitos solos o con mayores. En la primera cuestión tenemos una función subsidiaria que es cuando existe lo que se llama el delito de coparticipación entre mayores y menores, en ese caso la investigación la lleva a cabo la Fiscalía y el juicio lo va a hacer la Cámara del Crimen. Nosotros la única intervención que tenemos es posterior a esos dos pasos y está vinculado exclusivamente con la aplicación de una pena una vez que se declara responsable. En ese momento, nosotros consideramos la posibilidad de aplicar una pena, o sea es posterior a todo el proceso penal. Distinto es la situación cuando intervienen solamente menores, en estos casos nosotros hacemos la investigación y el juicio, aplicando la pena correspondiente.

- Está instalado que los menores entran por una puerta y salen por la otra. ¿Cómo es la imputabilidad a partir de los 16 años hasta los 18? ¿Qué penas les corresponden y cómo cumplen esas condenas?

La edad de imputabilidad es de 16 años a 18, después en adelante por supuesto van a ser imputables según la ley común. Nuestro trabajo está orientado a la declaración de la responsabilidad o no del menor en la intervención de un hecho delictivo y eventualmente la posibilidad de imponer una pena. Sin embargo, el régimen penal tiene ciertas particularidades a la hora de aplicar una pena privativa de la libertad. Eso de que entran por una puerta y salen por la otra no es así. Nosotros estamos investigando permanentemente a jóvenes en esa situación, probables autores de delitos, y la cosa termina ahí. El proceso penal tiene las mismas garantías que en una persona mayor de edad, con algunas garantías extras porque son menores, están en un proceso de formación. Una vez que se hace el juicio y se declara penalmente responsable a un menor de 18 años, ingresamos a la posibilidad de aplicar una pena. Sin embargo, la ley para aplicar una pena privativa de la libertad nos exige que tenga ya 18 años cumplidos y que previo a eso tiene que haber estado un año en tratamiento socio comportamental. Ese tratamiento lo puede cumplir en estado de libertad o no.

- En distintos momentos en los últimos años entró en debate la idea de bajar la edad de la imputabilidad de los menores. ¿Cómo lo ve?

Es una discusión bastante cíclica. Particularmente desde mi función considero que no es algo que vaya a beneficiar ni que va a bajar la cantidad delitos que se cometen por menores, todo lo contrario. ¿Qué reinserción vamos a lograr? Desde mi opinión no vamos a lograr ningún tipo de beneficio a nivel social bajando la imputabilidad en los menores.