En una decisión inesperada y casi sin precedentes, el Gobierno nacional decidió suspender hasta nuevo aviso y dejar virtualmente sin efecto 2.520 créditos Procrear para construcción ya otorgados a familias de todo el país, al tiempo que les “propuso” a sus adjudicatarios devolver el dinero que ya han recibido a través de nuevos préstamos personales.

Al menos un centenar de las familias afectadas por esta medida de la administración de Javier Milei son de Córdoba, aunque el número real de perjudicados en la provincia podría ser mayor.

A fines de la semana pasada, los beneficiarios del plan “Casa Propia” del Procrear que habían resultado adjudicados a mediados de 2023 recibieron un correo electrónico de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, a cargo de Rodrigo Aybar, informándoles acerca de “novedades” sobre sus créditos.

Culpando a la anterior administración nacional por el otorgamiento de dichos préstamos, la misiva les comunicó que no estaban previstos nuevos desembolsos de los créditos hipotecarios ya otorgados y que debían devolver el dinero recibido en calidad de anticipo para poder recuperar la hipoteca constituida en la operatoria.

Como alternativa, en la nota enviada les ofrecieron a los beneficiarios tomar un crédito personal para poder devolver el dinero, con un período de gracia para el pago de seis meses, aunque dejando sin efecto los desembolsos que estaban pendientes del préstamo hipotecario.

Y en la misma comunicación, se les puso un plazo: los adjudicatarios tienen hasta el próximo 30 de octubre para aceptar la “propuesta” oficial. En el correo electrónico enviado no se hace referencia a qué consecuencias se enfrentarían aquellos que decidan no aceptarla.

“Si ya se ha constituido la hipoteca, procederemos a su cancelación sin costo alguno. Esto te permitirá solicitar un nuevo crédito hipotecario en cualquier entidad bancaria, si así lo deseas”, destaca casi como una buena noticia la nota enviada a los beneficiarios.

Según la comunicación, la eventual aceptación de la propuesta por parte de los adjudicatarios, implica que ya no podrán reclamar por los desembolsos pendientes, ni presentar algún tipo de demanda por “daños y perjuicios” ante el Banco Hipotecario o el Estado Nacional “derivada de la modificación contractual entre las partes”.

Frente a la consulta de La Voz, desde la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación respondieron: “Se trata de una propuesta solo para los últimos beneficiarios de diciembre pasado. Se les está acercando la propuesta de manera personalizada”.

Fuente: La Voz