Por denuncias internas e irregularidades, la Policía cerró el año con una nueva cúpula

Fueron desafectados de sus cargos el jefe de la Departamental y otros comisarios por distintos hechos que se encuentran en investigación. Algunos fueron licenciados. ONG denunció complicidad con el Tribunal del Conducta Policial.
departamental san justo policia (2)

Una serie de irregularidades que son investigadas en la fuerza policial de San Francisco desencadenaron en la desafectación del director de la Departamental San Justo, Mauricio Rantica, quien fue licenciado hace una semana atrás. Idéntica situación ocurrió con el comisario Ariel Figueroa, quien se desempeñaba como jefe de Personal. Ambos están siendo investigados por el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de Córdoba, tras una denuncia a raíz de la recepción, por parte de la Departamental San Justo, de 12 amortiguadores donados por la multinacional ZF Argentina para autos de la marca y modelo Ford Focus, que la institución no tiene.

Si bien no habría registros administrativos en los que conste el pedido, aparentemente, esos repuestos habrían sido pedidos por la Policía de Córdoba para la delegación local de la Policía Federal Argentina, que sí posee esa marca y modelo de vehículo en la flota de unidades destinadas a San Francisco, lo que resulta llamativo.

Rantica

Mauricio Rantica.

Previo a la medida tomada con estos, habían sido denunciados Rantica y Figueroa ante el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario por la titular de la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género, Adriana Rearte, por supuesta infracción al decreto reglamentario 1753/03 (t.o.229/04).

Este hecho sin dudas fue la gota que rebalsó el vaso dentro de la fuerza policial, ya que tras la licencia de Rantica, la Departamental San Justo cambió sus autoridades. Desde la última semana los comisarios inspectores Pablo Luis Berardo y Víctor Quevedo asumieron como director y subdirector, respectivamente.

El caso Caporali, otro escándalo en la fuerza

La sargento Mariela Chávez, quien se desempeña en el Centro de Control Operativo (CCO) de la Departamental San Justo, tomó las fuerzas necesarias para realizar una denuncia de maltrato psicológico y discriminación contra dos de sus jefes en septiembre pasado: uno de los acusados era Figueroa –investigado nuevamente por los amortiguadores-, y el restante el comisario inspector Rubén Caporali. La denuncia también fue dirigida al Tribunal de Conducta Policial de Córdoba, ya que la uniformada dijo sufrir presunto acoso laboral o "mobbing" contra ella, ante la obesidad que padece, y discriminación que -según consideraba- surgía por su condición de mujer. En el contexto de la denuncia, también apoyada por la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género, señalaba que padece un problema de hipotiroidismo, que sería el causante de su enfermedad.

Un mes y medio después, el juez de Primera Instancia de San Francisco, Andrés Peretti, dispuso la restricción de acercamiento “recíproco” entre Caporali y Figueroa con Chávez.

Días después, Caporali terminó siendo trasladado a la Departamental Punilla con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.


ONG denuncia complicidad de jefes con el Tribunal de Conducta

Adriana Rearte es la presidenta de la Mesa Nacional de Violencia Institucional en Fuerzas de Seguridad y titular de la Asociación Civil de Derechos Humanos y Violencia de Género. También fue guardiacárcel durante 15 años y sostiene que trabaja para “proteger” al personal de seguridad que no cuenta con un sindicato que lo respalde.

Rearte fue quien denunció las irregularidades que terminaron con la licencia y traslado de efectivos de la Policía local. Y, en diálogo con El Periódico, sostuvo que existe complicidad entre los jefes policiales con la Justicia y además con el Tribunal de Conducta Policial.

“Nosotros no somos policías, pero tomamos conocimiento mediante las denuncias de los compañeros (policías) y empezamos a averiguar, a tomar testimonios y llegamos a una cadena de corrupción que empieza con los jefes”, dijo Rearte, quien agregó: “Estos muchas veces están protegidos por el Tribunal de Conducta Policial y la misma Justicia”.

Según señaló, la entidad que preside es hoy el organismo que hace el trabajo que otros no hacen. “Nosotros instamos a que denuncien, fiscales y el Tribunal de Conducta. Pero como esto no pasa hacemos públicas las denuncias que recibimos. Y es recién ahí que estos organismos actúan”, resaltó, apuntando sobre todo al Tribunal que encabeza Ana Becerra.

Este medio se contactó con Becerra, aunque en un primer momento se excusó de atender la consulta periodística. Luego no fue posible la comunicación en reiteradas oportunidades.


LOS NUEVOS JEFES

Pablo Luis Berardo, el nuevo director, venía desempeñándose como subdirector de la Departamental San Justo, en tanto que Víctor Quevedo era el jefe de la zona de inspección 3º con asiento en la ciudad de Arroyito.

 

Más de El Periódico

Newsletter

Te puede interesar