La jueza correccional de la ciudad de la localidad chaqueña de General San Martín, Bibiana Bianchi, resolvió sobreseer por prescripción y absolver “definitivamente” a más de diez campesinos que habían ido a juicio oral por resistir el desalojo de sus tierras en el año 2010. Lo mismo decidió en relación a la periodista Diana Della Bruna, quien también había sido imputada por documentar fotográficamente el violento operativo policial. Esta última fue representada por el abogado sanfrancisqueño Gonzalo García Veritá.

La resolución, que fue difundida en el sitio Chaco Día por Día fue firmada el 22 de agosto pasado, se debió a la aplicación del artículo 62 inciso 2º del Código Penal de esa provincia por “prescripción de la acción penal”.

La causa había llegado incluso hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó intervenir en el caso. Según señaló este medio, en ninguna instancia se analizó que el desalojo se ordenó durante la vigencia de la ley nacional 26160, la cual prohíbe los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios y que está próxima a vencerse.

El caso

A pesar de la vigencia de la ley nacional 26.160 que prohibía (y prohíbe) los desalojos de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales, en 2010 una familia qom fue desalojada violentamente de las alrededor de 100 hectáreas que ocupaban desde hacía décadas en el paraje Pampa Chica –zona rural de Pampa del Indio-. Fue luego de que una mujer se presentara ante la justicia alegando que contaba con el título de propiedad de esas tierras. Meses después, la Cámara de Diputados del Chaco aprobó la expropiación de esos terrenos – a través de la ley provincial 6680- que fueron reconocidos como “reparación histórica” a la familia indígena Adriani – Berdun durante la primera gestión como gobernador de Jorge Capitanich.

Sin embargo, tres años después se imputó penalmente a los Berdun, a Adriani y a dirigentes de la Unión Campesina, la Comisión Zonal de Tierras y de la CCC Aborigen por los delitos de “desobediencia judicial, atentado agravado contra la autoridad por cometerse a mano armada y usurpación” por haber resistido el desalojo de sus tierras en 2010. La imputación también alcanzó a la periodista Diana Della Bruna, que ese día acompañaba a la familia qom y documentó a través de fotografías (para el Instituto de Cultura Popular Incupo) el violento desalojo de esa comunidad.

Desalojo

Consultado por el mencionado portal, el abogado que representó a la periodista Della Bruna, el sanfrancisqueño Gonzalo García Veritá, consideró que “finaliza un proceso que mantuvo en vilo a toda la comunidad indígena de la zona, y con mucha preocupación había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. 

El abogado, quien se postuló para el cargo de Defensor del Pueblo del Chaco, aseguró que “urge la prórroga de esta ley, y la capacitación judicial permanente de modo de que nunca más los pueblos indígenas sean desalojados de sus tierras y territorios como ocurrió en Berdún. Máxime, teniendo presente que en este caso se criminalizó luego la protesta social”.

Con respecto a la comunicadora imputada, García Veritá advirtió que debió soportar el peso de más de 7 años de proceso judicial. "Ningún periodista debe sufrir persecuciones de ningún tipo por hacer su trabajo. Sin el periodismo, y persecución a la protesta social, se lastima la democracia”, fundamentó.

“Las tierras indígenas, en manos indígenas, y las cámaras del periodismo siempre encendidas y en alto, sólo así caminamos una democracia que contenga todo el arco social”, concluyó.

Los absueltos

Hilario Adriani, Sixto Berdun y Alcides Rodolfo Berdun fueron absueltos por los delitos de “desobediencia a una orden judicial”, “atentado agravado contra la autoridad por cometerse a mano armada”, “usurpación” y “usurpación por despojo y desobediencia a una orden judicial en concurso real”; José Luis Maidana, Milcíades Mansilla, Antonio Gómez, Humberto López, Juan Pastor Fernández por el delito de “atentado agravado contra la autoridad por cometerse a mano armada”, y la periodista Diana Della Bruna como “partícipe necesaria” por el delito de “atentado agravado contra la autoridad por cometerse a mano armada”.

Cabe recordar que durante el proceso falleció el dirigente qom de la Unión Campesina, Mártires López, sobre quién recientemente se reabrió la investigación por los hechos que derivaron en su muerte, y que también se encontraba imputado en la causa penal.