Este miércoles se conoció la decisión de la jueza del fuero Comercial Marta Cirulli de intervenir parcialmente la empresa Correo Argentino SA, propiedad de la familia Macri. La empresa mantiene una controversia judicial desde hace más de una década por una deuda millonaria con el Estado.

La intervención judicial, según la jueza Cirulli, se justificó en las “reiteradas” maniobras dilatorias y de ocultamiento de información de la empresa de parte de los representantes legales de Correo Argentino.

La fiscal Gabriela Boquín fue quien en 2017 denunció que el Gobierno nacional se disponía a condonar una deuda que el Estado reclamaba a Correo Argentino SA en concepto de cánones impagos. La fiscal había pedido el apartamiento de los administradores y síndicos de la empresa.

Según el portal El Destape, la jueza Cirulli figura como imputada en la causa penal que lleva adelante el juez Ariel Lijo, expediente que investiga responsabilidades sobre un presunto vaciamiento de la empresa.

La decisión de la jueza Cirulli establece la designación de un funcionario judicial para que “co-administre” la empresa Correo Argentino junto al los síndicos. En la resolución, la jueza habla de “reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable”.

El co-administrador designado por la Justicia deberá presentar informes “cada 30 días”. La juez Cirulli también acusó a los responsables de la empresa por “renuencia informativa”.

Según publicó el diario La Nación, desde el Grupo Socma se informó que habrá “colaboración con la Justicia”.

“Nos sorprende la decisión porque lo único que hicieron los accionistas fue aportar fondos a la empresa para que continúe en marcha bajo la premisa de que sólo recuperarán esos fondos una vez que se pague todas las deudas a todos los acreedores, incluyendo el Estado nacional”, dijo el presidente de la empresa, Jaime Cibils Robirosa, a La Nación.

Fuente: Agencias