La cooperativa Diarios y Periódicos Regionales Argentinos (Dypra) expresó su "profunda consternación" ante el polémico proyecto presentado por el diputado nacional Diego Bossio para derogar artículos de la Ley 26.736 sancionada en 2011 que regulan el precio de venta de insumos por parte de la empresa Papel Prensa, que comparten el Grupo Clarín y La Nación con el Estado. La iniciativa, que afecta directamente al principal insumo para los medios de comunicación gráficos, permite a estas empresas liberar el precio del papel en lugar de que los medios regionales accedan en igualdad de condiciones. 

"Aquella norma -aprobada por el Congreso de la Nación después de escuchar las razones de cientos de editores de todo el país que expusieron ante la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados- establece criterios que hoy tienen, incluso, mayor vigencia que en aquel momento. Ahora, a máxima velocidad legislativa, se pretende abolirla sin consultar a las organizaciones representativas de la actividad", subrayaron en el comunicado.

El proyecto fue duramente criticado por diputados opositores en la Comisión de Comercio de Diputados, donde obtuvo dictamen favorable en apenas dos horas, con una sola argumentación del oficialismo y sin la participación de las entidades afectadas.

Dypra, de la cual forma parte El Periódico, destacó que la actual ley equilibró la comercialización de papel con varios objetivos. "Por un lado, que Papel Prensa S.A. le venda al mismo precio a todos sus clientes, sin importar la cantidad que estos adquieran, a partir de una tonelada. Y por el otro, evitar que los diarios Clarín y La Nación –accionistas mayoritarios en Papel Prensa S.A.- se 'autovendan' el insumo a un precio diferenciado para obtener ventajas competitivas frente al resto de los medios gráficos", precisaron.

Además, la entidad cooperativa agregó que la norma fija la obligatoriedad de mantener un estándar de calidad uniforme al que puedan acceder todos los medios gráficos del país.

"Por último, y de suma importancia, resulta el rol del Estado como contralor, a través de una comisión específica, en un segmento donde el único productor de papel constituye un monopolio que debe ser regulado por el Estado, con el objeto de garantizar la pluralidad de voces", indicaron.


Sospechoso

Para Dypra, resulta "insostenible y sospechoso" el argumento esgrimido para argumentar la necesidad de derogar esta ley, asentado en la caída del consumo de papel prensa como fruto de la menor circulación de ejemplares de diarios y periódicos.

"Son justamente los medios de los tres o cuatro principales centros urbanos del país quienes han sufrido una drástica caída de su circulación, en tanto en cientos de ciudades del interior de nuestra Argentina, la gente continúa consumiendo las publicaciones de su localidad. ¿O acaso se pretende establecer un precio de papel diferenciado, para que sean los medios gráficos regionales quienes soporten las millonarias pérdidas de empresas monopólicas, asociadas al capital concentrado?", cuestionó la entidad.

Golpe a los medios gráficos

"Liberar el precio del papel abre las puertas a la posibilidad de asestar otro durísimo golpe a los medios gráficos regionales, que podrían terminar pagando más caro el principal insumo de la actividad. Se trata de golpes a las voces de las economías regionales, a las identidades de cientos de poblaciones del interior profundo de nuestra Argentina y constituye el cercenamiento al derecho a la información de estas comunidades" resumió Dypra.

"Toda norma es perfectible, sobre todo cuando se alteran las condiciones económicas del país. Sin embargo, cualquier cambio a esta ley debería plantearse desde el respeto al espíritu de la misma: garantizar accesibilidad e igualdad de precio y calidad para todos los medios gráficos del país, con control estatal. Por el contrario, se la mire por donde se la mire, la iniciativa presentada a las apuradas el martes a la noche pareciera estar redactada a la medida de un único beneficiario: el diario Clarín y su insaciable grupo", concluyó.